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Para que un partido político pierda el registro debe tener menos del 3 % de la votación

En caso de pérdida del registro, los recursos y bienes del partido serán adjudicados a la Federación.

Para que un partido político pierda el registro debe tener menos del 3 % de la votación

Para que un partido político pierda el registro debe tener menos del 3 % de la votación — CIUDAD DE MÉXICO.-En el contexto electoral mexicano, un partido político puede perder su registro bajo diversas circunstancias estipuladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Estas disposiciones buscan asegurar que los partidos mantengan un mínimo de representatividad y cumplan con sus obligaciones legales y fiscales.

A continuación, se detallan las principales causas y procedimientos asociados a la pérdida de registro:

  • Porcentaje mínimo de votos: Si un partido político no logra obtener al menos el 3% de la votación en cualquiera de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a la cancelación de su registro. Esta medida implica la pérdida de todos los derechos y prerrogativas (dinero) que el código establece para los partidos políticos.
  • Extinción de la personalidad jurídica: Una vez cancelado el registro, el partido pierde su personalidad jurídica. Sin embargo, los dirigentes y candidatos del partido están obligados a cumplir con las responsabilidades de fiscalización y liquidación de patrimonio hasta que concluyan los procedimientos correspondientes.

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  • Administración de recursos y bienes: En caso de pérdida del registro, los recursos y bienes del partido serán adjudicados a la Federación. Para gestionar esta transición, la Unidad de Fiscalización designará a un interventor encargado del control y vigilancia de estos recursos. El interventor tendrá amplias facultades para administrar los bienes y asegurarse de que se cumplan las obligaciones laborales y fiscales antes de transferir cualquier remanente a la Federación.

Estas normativas garantizan que los partidos políticos no solo mantengan un nivel básico de apoyo popular, sino que también cumplan con todas sus obligaciones legales y financieras, proporcionando un marco claro y ordenado para la disolución de aquellos que no alcanzan los requisitos mínimos de representatividad.

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