Amnistía Internacional denuncia espionaje a defensoras de derechos humanos en México

En un informe reciente, Amnistía Internacional México, la Fundación para la Justicia y el Grupo Argentino de Antropología Forense han denunciado la utilización del sistema de justicia penal para investigar y espiar a defensoras de derechos humanos en México. Las organizaciones han señalado que en 2016, la entonces SEIDO de la PGR, ahora conocida como FEMDO de la FGR, llevó a cabo una investigación judicial indebida y realizó espionaje ilegal en contra de tres destacadas defensoras de derechos humanos.

Las víctimas de esta vigilancia y acoso son la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti. Según las organizaciones, estas defensoras fueron objeto de una investigación indebida por parte del Estado mexicano bajo acusaciones infundadas de delincuencia organizada y secuestro. Esta situación ha generado gran preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el país.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y del espionaje realizado, hasta la fecha, ningún funcionario ha sido procesado o castigado por estos actos. Las organizaciones aseguran que el acoso contra las defensoras contó con la autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR, lo que agrava la situación y pone en evidencia el uso arbitrario del sistema penal contra quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.

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Impacto y contexto del espionaje

Amnistía Internacional México ha destacado que en el país se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos y que apoyan a las víctimas en su búsqueda de justicia. En su último informe, titulado “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos”, la organización advierte sobre la preocupante tendencia de criminalizar a las defensoras para amedrentarlas y silenciarlas.

La intervención de las autoridades en el caso de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti se llevó a cabo sin contar con evidencias suficientes que las vincularan con los delitos de los que se les acusaba. El espionaje y la investigación ocurrieron mientras las tres trabajaban para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades encontradas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Este contexto subraya la labor crucial que desempeñaban las defensoras y la vulnerabilidad en la que se encontraban.

Aunque la investigación y el espionaje tuvieron lugar en 2016, a la fecha se desconoce si estas actividades continúan. La incertidumbre y la amenaza constante han mantenido a las defensoras en una situación de indefensión durante ocho años, ya que temen ser objeto de nuevas investigaciones sin que se respeten las normas básicas del debido proceso. Este estado de inseguridad perpetúa la sensación de riesgo y vulnerabilidad en las defensoras de derechos humanos.

Declaraciones y conclusiones

Edith Olivares Ferrete, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha expresado su alarma ante la crisis de derechos humanos que se vive en el país:

Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas.

Este caso ha generado una preocupación considerable entre las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, ya que pone de manifiesto las tácticas de intimidación y acoso utilizadas por el Estado contra aquellos que buscan justicia y transparencia. La falta de procesamiento de los responsables y la continuación de prácticas indebidas subrayan la necesidad urgente de reformas en el sistema de justicia penal en México.

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Finalmente, las organizaciones han reiterado su llamado a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar que no se utilice el sistema penal como herramienta de persecución. La comunidad internacional también ha sido instada a poner atención a estos casos y presionar para que se respeten los derechos humanos en México.