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Feminicida de Monserrat en BCS se declara culpable y le reducen la pena

“¿Será que no la golpeó ni torturó el tiempo suficiente?”: Colectivos feministas reaccionaron y condenaron que bajo un procedimiento abreviado se acortara la sentencia

Mató a Monserrat en BCS: se declara culpable y reducen sentencia. // Foto: @PGJEBCS

LA PAZ, BCS.- Tras reconocer su culpabilidad por el asesinato de una mujer, a quien golpeó repetidamente y luego abandonó en un arroyo en La Paz, Baja California Sur, un hombre recibió una sentencia de 30 años de prisión, con el beneficio de reducción de pena.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó la realización de la investigación, la obtención de pruebas y la celebración de una audiencia.

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El imputado, César Omar “N”, se declaró culpable del delito de feminicidio en perjuicio de Monserrat “N”, ocurrido en marzo de 2023, bajo el mecanismo de procedimiento abreviado.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 29 de marzo de 2023, cuando Monserrat, una mujer de 32 años originaria del estado de Durango, fue asesinada en un centro comunitario ubicado en la colonia La Pasión. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado y abandonado en una brecha cerca de un arroyo.

Caso conmocionó a La Paz por abuso de poder del asesino

El caso conmocionó a la ciudad, pues desde un inicio se identificaron causales para la investigación por el delito de feminicidio. Su cuerpo fue localizado al interior de un vehículo en la colonia La Pasión, abandonado entre los arbustos. Se trataba del primer feminicidio de 2023, tras haber cerrado un 2022 con seis casos. Según las indagatorias, se localizó una llave para trabajos de plomería, con la que presuntamente se habrían realizado los golpes.

El asesino, hoy sentenciado por el delito de feminicidio, era un dirigente de la agrupación Antorcha Campesina, grupo que mantenía el control y operación de un inmueble construido con recursos estatales para fines comunitarios.

Al conocerse del feminicidio, habitantes de la colonia revelaron que por meses esa organización mantenía el control del centro comunitario donde ni autoridades estatales ni municipales habían intervenido. Se conoció que justo este inmueble fue utilizado por el agresor para privar de la vida a Monserrat.

Hasta entonces autoridades del Ayuntamiento de La Paz señalaron que buscarían la recuperación del inmueble y desconocían la situación.

Exigen penas máximas contra feminicidas

Colectivos y activistas feministas, al conocerse esta mañana sobre la sentencia otorgada a Cesar Omar “N”, reaccionaron y han condenado que bajo un procedimiento abreviado se logre una reducción de la pena para el agresor.

Marina Druk es empresaria y activista feminista y dijo al diario capitalino El Universal que, si bien no existe pena ni reparación integral del daño que subsane el dolor que enfrentan los familiares de las víctimas de feminicidio, “resulta muy cuestionable que se impongan penas mínimas a feminicidas con la posibilidad de que en el camino incluso se reduzcan”.

Exigimos mano dura y cero tolerancias a agresores y asesinos de mujeres. ¿Será que no la golpeó ni torturó el tiempo suficiente? ¿O que el arroyo donde arrojó su cuerpo no fue el correcto para que más personas lo vieran y sintieran la presión social de imponer con la dureza necesaria la sentencia? Seguiremos alzando la voz por las que ya no están y por sus familias, y buscando aliadas feministas al interior del sistema judicial para hacer vale la justicia histórica y social de las mujeres”, declaró.

En el procedimiento abreviado el imputado se declara culpable y se evita las etapas del juicio oral.

“Justicia negociada”, la ruta de las Fiscalías

A nivel nacional, colectivos y redes de mujeres han advertido que esta “justicia negociada” no es correspondiente con las leyes en materia de atención a víctimas del delito y tampoco con una política que busque realmente garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

A través de este mecanismo, las personas juzgadoras emiten una sentencia de forma expedita y no se consideran otros elementos de contexto, por ejemplo, que habrían podido agravar las penas.

El abogado penalista, Arturo Rubio Ruiz, experto en Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, sobre el tema, declaró al periódico capitalino El Universal que con frecuencia ocurre que los Ministerios Públicos y Procuradurías buscan garantizar una sentencia condenatoria “con fines estadísticos y mediáticos, para decir ‘ya gané' o ‘ya cumplí'”, pero no para lograr un acto de justicia.

Refirió que se requiere en BCS diseñar e implementar una política criminal real, “que desarrolle un plan de acción concreto y que excluya a ciertos delitos -como éste- de la aplicación de un procedimiento abreviado”.

Urgió además fijar acciones concretas en materia de prevención a las violencias y la creación de un fondo de reparación de daño para las víctimas, el cual se contempla en la legislación de Atención a Víctimas y no se ha cumplido con éste.

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