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Gobierno de México rechaza la Ley HB 2350 del estado de Kansas

El Gobierno de México consideró que esta iniciativa induce al perfilamiento racial y que puede dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO.-En relación con la Ley HB 2350, del estado de Kansas, que entró en vigor a partir del 1 de julio, el Gobierno de México

A través del Consulado de México en Kansas City, el Gobierno de México expresó su rechazo y preocupación por este tipo de iniciativas, al considerar que inducen al perfilamiento racial y que pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.

Señaló que la seguridad y bienestar de la comunidad mexicana en Kansas es una prioridad y reconoció el veto que dio la gobernadora del estado, Laura Kelly, debido a sus implicaciones raciales.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que intensificará esfuerzos para para proporcionar información veraz y oportuna a mexicanas y mexicanos y velar por el respeto de sus derechos.

QUÉ ES LA LEY HB2350

La ley HB 2350 crea el delito de contrabando humano y contrabando humano agravado con penas que implican un delito grave de nivel cinco.

Esta define el delito de contrabando de personas como “transportar, albergar u ocultar intencionalmente a una persona hacia o dentro de Kansas, cuando la persona sabe o debería haber sabido que la persona está entrando o permaneciendo en los Estados Unidos ilegalmente”.

Para que alguien resulte sancionado en virtud de esta ley, deben darse tres circunstancias: que el individuo penalizado supiera que la persona es indocumentada y entró o permanece ilegalmente en EU, que el individuo se beneficiará económicamente o recibirá algo de valor del inmigrante, y que el individuo tenga conocimiento que es probable que el inmigrante sea objeto de explotación para beneficio económico de otro individuo.

Por ello, organizaciones pro migrantes mostraron su preocupación, ya que creen que estas nuevas medidas podrían afectar a las familias de estatus mixto, es decir, que tienen diferentes estatutos legales, como indocumentados, semiilegales, residentes o ciudadanos.

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