Juez suspende eliminación de grados escolares

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentara el nuevo plan de estudio que comenzaría a aplicarse a partir de este próximo ciclo escolar 2022-2023, el organismo civil Educación con Rumbo (ECR) presentó una demanda de amparo.

Este nuevo plan contempla entre otras cosas, la eliminación de los grados escolares en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los cuales serían reemplazados por fases de aprendizaje.

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El amparo tenía como fin solicitar que las SEP y las autoridades competentes, garanticen el derecho humano de los niños a la educación y se abstengan de reemplazar los grados escolares con las llamadas fases de aprendizaje y claudicar en el intento de eliminar la facultad de evaluar a los alumnos.

El citado amparo fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el expediente 1220/2022 y se concedió la suspensión para el efecto de que la SEP se abstenga de eliminar los grados escolares de educación básica y la facultad de evaluar a los alumnos.

SEP deberá acatar la suspensión

Actualmente, la demanda de amparo indirecto se encuentra en trámite, precisando que la SEP deberá acatar la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz refirió que la decisión del Poder Judicial sienta un precedente contundente en el que la educación por grados garantiza una educación de calidad a fin de que los docentes puedan especializarse y lograr transmitir los conocimientos a los alumnos, mientras que la evaluación a los alumnos como diagnóstico individual y global tiene por objetivo lograr la mejora continua de los alumnos y del servicio de educación pública.

Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo precisó que la decisión del Poder Judicial de la Federación alienta a la Sociedad Civil Organizada, a los maestros, especialistas en materia de educación y a las propias Autoridades para trabajar de manera corresponsable en materia de educación donde los actores entendamos que el centro de gravedad de todas las decisiones públicas es el mejor interés de los niños y niñas del país.