Discurso de Alfonso Durazo sobre los hechos ocurridos en Culiacán

¡Buenos días a todas, a todos ustedes!
 
Solo para contextualizar el tema de la estrategia. Decirles a ustedes que nunca como ahora en todo lo va de su corta existencia,  nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica con el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada.
 
Cabe reconocerlo con toda honestidad, merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas.
 
Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo como es el caso de Culiacán.

 
Van a  conocer ustedes ahorita algunos datos sobre los antecedentes en los que han participado exitosamente, pero también cabe aclarar que en materia de seguridad, no es prudente sobredimensionar las circunstancias, un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.
 
La primera versión, equivocada, que se difundió sobre este evento, se hizo sobre la información que en ese momento recibió el gabinete de seguridad y con toda transparencia y honestidad, fue corregida en la medida que fuimos recibiendo información que representaba la realidad de los acontecimientos.
 
En la decisión de retirarnos del inmueble, ya controlado, en  el que se encontraba el presunto delincuente, privó una razón que de tan profunda, se convierte en razón de Estado.
 
La salvaguarda de la vida  e integridad física de aquellos que no figuraban  en entre los beligerantes. Lo que puedo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población, como habíamos sido instruidos por el señor Presidente antes de que tomara su vuelo a Oaxaca.
 
Ninguna organización delictiva, por más pertrechada  que este, es más poderosa que el estado mexicano en términos bélicos.

En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a las garantías individuales, y al final de cuentas, habríamos ganado, pero ¿a qué costo?, ¿de qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron?, ¿de qué sirvió tanta guerra si los muertos y desaparecidos se acumularon de manera indetenible por décadas?, ¿de que sirvió la aparatosa captura de cabecillas si la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente?.
 
Esa guerra sirvió de muy poco, toda vez que las causas estructurales que las originaron, ni siquiera fueron tocas, y ello contribuyó a que se agravaran las condiciones de inseguridad en el país.
 
Estamos iniciando como indicaba el señor Presidente, una  nueva época en materia de seguridad, y esto abre la posibilidad de que todo cambie en el futuro.
 
El Plan de Paz y Seguridad, parte de un principio rector, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no hay otra ruta hacia la seguridad. No creemos en los falsos atajos de la violencia.

 
Convencidos de que la violencia siempre pierde así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco. Esa  estrategia belicista no solo alentó la espiral de la violencia desde el poder público si no que las propias instituciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como pudo haber sucedido en Culiacán.
 
A pesar de los cientos de miles  de vidas perdidas, los cientos de miles de millones pesos invertidos, los recursos militares, navales y policiales consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la guerra contra las drogas, entre comillas. Los anteriores gobiernos no lograron  resolver el problema y no tenían perspectiva de vencerlos en un tiempo estimable.
 
Salta a la vista la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y la violencia mediante la estrategia represiva policial, militar, práctica básica de anteriores gobiernos.
 
Bajo esta estrategia, México fue convertido en un país de víctimas y no debemos olvidarlo jamás. El tamaño, la extensión y el poder de los grupos criminales que hemos padecido históricamente sólo puede entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración e impartición de justicia.
 
Y aquí inicio con algunos de los trazos estratégicos de la política de seguridad:
 
 Primero, nos hemos propuesto terminar con la corrupción, ese mal endémico de la vida pública de nuestro país, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
 
Vamos avanzando. El próximo año vendrán las mediciones sobre los avances en el combate a la corrupción y nuestra expectativa es muy favorable porque estamos en un esfuerzo histórico. Ya se aprobaron reformas legales para tipificar la corrupción como delito grave; lo menciono sólo a manera de ejemplo.
 
Número dos, tenemos que garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Nuestra estrategia para combatir la inseguridad va dirigida a atender la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, particularmente en los jóvenes.
 
Avanzamos ya correlacionando muy sólidamente las políticas de orden social con las de seguridad para generar gradualmente un nuevo entorno público, la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas partes del país atacan ya las causas profundas del auge delictivo y reducirán significativamente la base social que haya podido cooptar la criminalidad. No me detengo aquí a señalar los programas sociales porque son de sobra conocidos.
 
Número tres, pleno respeto y promoción a los derechos humanos. Se incorpora el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales, navales y militares.
 
En nuestro gobierno no se ha utilizado ni se utilizará a la fuerza pública para reprimir, nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado.
 
Cabe señalar aquí que en el transcurso de este gobierno los cuerpos de seguridad no han recibido una sola recomendación por violaciones a derechos humanos; esto tienen que registrarlo, tiene un carácter histórico.
 
No habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje escenográfico para engañar a la opinión pública, por eso estamos presentando ante ustedes la verdad.
 
Nuestro gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.
 
Quinto, la regeneración ética de la sociedad, que es imprescindible para apuntalar la estrategia de seguridad, es al mismo tiempo un medio y un fin de la Cuarta Transformación.
 
La regeneración ética es ya la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno honesto, transparente y apegado a derecho; y nuevamente esto tiene una relevancia histórica.
 
En el caso de los desaparecidos estamos haciendo todo lo humanamente posible para esclarecer su paradero.
 
Nos proponemos recuperar el control de los penales, de las mafias que se enseñorean en ellos. Sobre el rediseño de las instituciones, este es uno de los puntos fundamentales. Tomamos la decisión de rediseñar las instituciones de seguridad para dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad y la violencia en el país.
 
Los cambios propuestos incluyeron ya diversas reformas constitucionales y legales, no las voy a mencionar porque las conocen, pero acaso esas modificaciones constitucionales modificaron ya el rostro del Estado mexicano en el ámbito de la seguridad.
 
Entre las innovaciones destaca particularmente la creación de la Guardia Nacional, Iniciativa Constitucional de carácter histórico para enfrentar el problema de la inseguridad.
 
Viene ahora el proceso para alcanzar la madurez institucional de la Guardia, pero a escasos cuatro meses de su creación constitucional la Guardia tiene ya desplegados 72 mil elementos a nivel nacional y vamos a terminar el año con 92 mil elementos de la Guardia Nacional; y la meta en este proceso de maduración institucional es alcanzar 140, 150 mil elementos para el 2021.
 
Por ello, decimos que nuestro mayor problema está en el corto plazo, porque la madurez institucional de la Guardia requiere tiempo.
 
Ahora, la creación de la Guardia Nacional debe ir acompañada del fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Esta iniciativa complementaria se enmarca en el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que fue aprobada por unanimidad por las y los presidentes municipales y las y los gobernadores.
 
Una de las principales propuestas de esa agenda es la dignificación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad.
 
El modelo propone un salario digno y unificado a nivel nacional y prestaciones sociales justas y equitativas, y una capacitación y profesionalización también homologada. La inteligencia y los operativos de precisión por sobre el uso de la fuerza son la base de nuestra actuación policial.
 
Desaparecimos el Cisen y creamos el Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado. No hemos utilizado ni utilizaremos jamás estos instrumentos del poder público para la persecución de líderes disidentes, activistas, movimientos sociales ni a periodistas. Esto también tiene una connotación histórica.
 
Con la idea clara de que el narcotráfico sólo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica, la Unidad de Inteligencia Financiera se ha sumado de manera estrecha a la estrategia de seguridad.
 
El sexenio pasado se detuvieron 122 objetivos prioritarios, 120 de 122, y no recuerdan ustedes que se haya congelado una cuenta o que se haya asegurado un inmueble. Eso se acabó.
 
Se logró el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria de abandono de bienes. Ahora es un proceso abreviado.
 
Rápidamente los bienes decomisados al crimen organizado de hecho se destinan ya a la atención de las víctimas y a fortalecer los programas sociales, y a mejorar las condiciones de los policías.
 
Para garantizar el éxito de estas estrategias generales y específicas planteadas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública partimos de un consenso básico que queremos recordar aquí, porque gracias a él ha sido posible construir todos los acuerdos en materia de seguridad, prácticamente por unanimidad.
 
El consenso básico es considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica que facilite la construcción de consensos.
 
En el marco de ese principio hemos trabajado con todas las señoras y señores gobernadores, con todas, todas las presidentas y presidentes municipales, y debo reconocer aquí que invariablemente lo hemos hecho en los mejores términos.
 
Gracias por su atención.
 
Gracias, señor presidente.