Cuesta 2 mil mdp seguro de servidores

Cada año, la alta burocracia en el País absorbe alrededor de dos mil 249 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores, pagados con recursos públicos, para poder atender a 330 mil personas en hospitales privados de los males que les aquejan o pudieran presentar.

Los datos disponibles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no son homologables porque están en partidas distintas y son adquiridos desde forma trimestral hasta trianual, de acuerdo con una revisión con base en solicitudes en base a la Ley de Transparencia y consultas en documentos oficiales.

En 2013, el Programa de Apoyo Alimentario de la Sedesol ejerció cuatro mil 787.4 millones de pesos en total, con los que benefició a 732 mil 715 familias, integradas por 2.9 millones de personas en todo el país.

Una ley ¿cara?

En el caso del Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces gastaron mil 666 millones de pesos para garantizar tres años, de 2012 a 2014, su cobertura de gastos médicos mayores, cuya póliza con Banorte Generali incluye, entre otros beneficios, ambulancia aérea, atención en el extranjero, cirugías de nariz, atención a obesidad mórbida, trastornos del sueño, tratamiento dental y hasta lesiones por práctica amateur como alpinismo, paracaidismo o automovilismo.

De acuerdo con reportes oficiales, el personal del Poder Judicial de la Federación y sus cónyuges e hijos menores de 25 años están asegurados, pero existen diferencias entre los beneficios otorgados a un oficial judicial —el rango más bajo en el escalafón— y un ministro de la Corte.

Tan solo la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) ha gastado anualmente 61 millones 692 mil 231 pesos en la cuota para pagar seguros de gastos médicos mayores de los 11 ministros, sus trabajadores y los familiares directos de éstos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, la Corte cuenta con tres mil 327 plazas, pero no todos gozan de seguros de gastos médicos.

Otra rama del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), integrado por 37 mil 308 empleados, cuyo gasto en tres años fue de mil 480 millones de pesos para este misma prestación.

El Poder Judicial, integrado por la SCJN, CJF y el Tribunal Electoral hizo una adjudicación directa AD-319/2011, de manera consolidada y plurianual (con vigencia del 31 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2014), a Seguros Banorte Generali para proporcionar este servicio y, adicionalmente, el seguro de vida o invalidez total y permanente a personal operativo, mandos medios y superiores y ministros, magistrados y jueces jubilados.

El seguro con mayores beneficios, incluso en el extranjero y sin pago adicional por parientes, beneficia a ministros, magistrados y jueces.

Según un comparativo de 2012-2014 del CJF, se registró un ahorro anual de 400 millones de pesos por haber elegido Banorte y no renovar el contrato con Metlife.

Entre los hospitales a los cuales tienen acceso los ministros, magistrados y jueces están Los Ángeles Pedregal y Lomas, ABC, Médica Sur, Sport Clinic y Dalinde, entre otros.

Burocracia de nivel

El gobierno federal pagó mil 594 millones de pesos por seis meses del seguro de gastos médicos mayores de 320 mil servidores públicos. A partir del 1 de octubre de este año, Grupo Nacional Provincial (GNP) es la encargada de otorgar el seguro de gastos médicos mayores a funcionarios de secretarías, órganos administrativos, entidades y organismos autónomos.

La póliza contratada culminará el 31 de marzo del próximo año, según un comunicado que envió la propia aseguradora a la Bolsa Mexicana de Valores. El anterior contrato con Metlife fue para asegurar sólo a 13 mil trabajadores del gobierno federal y lo obtuvo en noviembre de 2012 a través de una licitación pública que otorgó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los 320 mil empleados federales asegurados tendrán una suma que va de 72 a 333 días de salario mínimo de cobertura para poderse atender.

Según una póliza del Seguro de Gastos Médicos Mayores de GNP ampara a los funcionarios de los siguientes padecimientos: Ginecológicos, columna vertebral, glándulas mamarias, parto normal, cesarea, complicaciones del recién nacido, colecistectomía, litotripsia, apendicectomía, fracturas de huesos, Sida, cáncer, infarto cardiaco agudo y cirugías de corazón, derrame o infarto cerebral.

De acuerdo con solicitudes de acceso a la información, la SHCP eroga de manera trimestral cinco millones 541 mil pesos por este seguro para cinco mil 346 funcionarios; la Policía Federal da este beneficio a 35 mil 949 personas con un costo de 25 millones, 124 mil 764 pesos; la Secretaría de Salud pagó el 30 de septiembre cuatro millones 661 mil 194 pesos, aunque no precisa cuántos servidores públicos son beneficiarios.

La Secretaría de la Función Pública apoya a mil 125 empleados y eso le costó ocho millones 232 mil 589 pesos, para el ejercicio 2013.

Llama la atención que en el caso de la Secretaría de Salud —igual que en el IMSS e Issste— la titular Mercedes Juan no tiene este beneficio pero, por ejemplo, en otras dependencias como la Sermarnat sí.

En este último caso, por ejemplo, al 30 de septiembre de este año ya había pagado 10 millones 152 mil pesos, de un presupuesto de 18 millones 166 mil pesos para dos mil 45 funcionarios.

La Secretaría de Turismo, a su vez, explicó que hasta septiembre pasado la aseguradora era Met Life, pero desde el 1 de octubre fue contratada GNP y que de manera trimestral eroga 774 mil 760 pesos por este seguro.

De manera global, incluidos otros seguros, Pemex erogó para los años 2014-2015, 732 millones 675 mil 125 pesos para 143 mil 546 beneficiarios.

Legisladores consentidos

La Cámara de Diputados destinó más de 94 millones de pesos para un contrato de seguro colectivo de gastos médicos mayores con la empresa GNP, que incluye a todos sus parientes y a los mandos medios y superiores del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El seguro de cobertura amplia de gastos mayores, con vigencia del 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2015, fue adquirido para dos mil 43 personas, incluidas esposas, maridos, hijos y padres de los legisladores.

Sin embargo, los diputados no sólo se autorizaron ese beneficio, sino que contrataron un seguro de vida por 29 millones 411 mil pesos con vigencia al 31 de diciembre de 2015, aunque ellos dejan el cargo en agosto de 2015.

En el caso del Senado se solicitó la información pero aún no ha sido proporcionada. En su página de internet el dato no existe en el informe de contrataciones públicas. Un dato de septiembre de 2012 a mayo de 2013 registró una erogación por seguros de gastos médicos mayores de seis millones 696 mil 700 pesos, es decir, cada uno de los 128 senadores fue asegurado con 52 mil 317.96 pesos, según la solicitud de información con número de folio UE/LXII/0250/2013.

De acuerdo con el manual de percepciones vigente para 2014, los senadores tienen derecho a un seguro de gastos médicos mayores hasta por mil 500 salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal.

De septiembre de 2012 a mayo de 2013, el Senado erogó seis millones 696 mil 700 pesos, según la solicitud de información con número de folio UE/LXII/0250/2013.

En octubre del año pasado, el senador Mario Delgado (PRD) propuso reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde planteó suprimir el cargo al erario de los seguros de gastos médicos mayores para la burocracia.

Ven excesos

Experto en temas de transparencia y legislativo de la UNAM, Kheimvirg Puente, dijo que “deben existir límites (...) No se trata de que los ministros y jueces no tengan seguro de gastos médicos mayores, pero en un país con tanta desigualdad y pobreza, las pólizas deben cubrir necesidades básicas y tampoco se trata de que se les paguen los hospitales más exclusivos”.

El experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, señaló que en comparación con el resto de la población que debe acudir a los servicios de seguridad social tradicionales como son el IMSS o el Issste, muchos funcionarios públicos de cierto nivel gozan de estos privilegios.

Dijo que habrá que hacer un análisis más amplio de los contratos con las empresas aseguradoras porque evidentemente este tipo de seguros son “privilegios que habrá que ver hasta dónde se justifican o no”.