“Me han hecho sentir lo más deplorable de las personas”: acusado de crueldad animal

“Yo no lo maté, yo quería disecar su cabeza”, declaró el hombre detenido el pasado domingo por la noche en un condominio multifamiliar del fraccionamiento El Cóndor, quien aparece en fotos y videos difundidas en redes sociales desollando a un perro.

Daniel Palma González, o como también se dijo llamar, Daniel Rocha Montoya, brindó su declaración ante un juez de control este viernes al mediodía en una audiencia en la que desistió de su derecho de que sus datos personales e imagen fueran resguardados.

Ante el juez declaró que el perro es suyo, al que nombró como “Cachorrillo”, y aseguró que lo habían atropellado el 5 de marzo por la tarde, lo que le había causado la muerte. “Me han dicho de todo: comeperros, que si trabajo con taquerías, pero yo solo quería conservarlo”.

Rocha Montoya aceptó ser él quien lo desolló y lo decapitó, presuntamente para incinerar el cuerpo y buscar en internet la manera de disecar su cabeza, e incluso señaló que iba a buscar a un taxidermista. El imputado negó que buscara comerse al animal

Policiaca

Sigue investigación por caso de zoofilia

No obstante, la fiscalía señaló que la investigación se inició a raíz de la querella de una mujer que aseguró que el perro es suyo y que estaba perdido desde ese día en la mañana, y que fue a través de redes sociales que se enteró que lo habían matado.

En el cateo recuperaron el cuerpo carbonizado del animal y la cabeza, así como manchas de sangre, un hacha y un cuchillo, los cuales aún se encuentran en análisis periciales para determinar la causa de muerte del animal y su género.

Aunque la fiscalía no presentó estos datos al momento de la audiencia, el juez de control señaló que deben ser presentados en la audiencia intermedia, pues su hipótesis se respalda en la idea de que el imputado mató al animal, lo decapitó y lo desolló, con base a los testimonios de vecinos.

Palma González o Rocha Montoya fue vinculado a proceso en esta audiencia y quedó sujeto a prisión preventiva justificada, al ser presuntamente un riesgo para la sociedad, y se impuso un plazo de investigación de 2 meses.