Llega EPN reprobado al sexto año

Mil ochocientos treinta y cuatro días han transcurrido, desde la imposición de la banda presidencial a Enrique Peña Nieto. Sin duda, el País no es el mismo de aquel 1 de diciembre de 2012.

Muestra de ello es la Constitución Política Mexicana, que entre otras modificaciones, fue adicionada con las once reformas estructurales que han marcado el periodo del priista.

Los primeros efectos de dichas reformas, que se encuentran en periodo de consolidación, así como una serie de acontecimientos y escándalos, han colocado al Mandatario en uno de los niveles de popularidad y aceptación más bajos de la historia del País.

De acuerdo con datos recabados por la empresa encuestadora Consulta Mitofsky, tan sólo el 26% de la población mexicana aprueba el desempeño de su Presidente.

A pesar de ser un número pobre, la cifra representa un repunte de 4 puntos porcentuales en cuanto a la aprobación ciudadana, pues en agosto de este año, el mismo indicador se encontraba en el 22%.

En cinco años, perdió la simpatía de 28% de los mexicanos, quienes lo mantuvieron en el 54% de aceptación durante su primer año de funciones, a pesar de haberse declarado ganador de la contienda con tan sólo el 38% de los votos totales de la elección presidencial del 1 de julio de 2012.

Escándalos de índole política, social e incluso personal, han afectado la imagen del 56avo. Presidente de México.

La intervención de elementos federales durante la emboscada que sufrió un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, que dejó como resultado seis personas muertas, 25 heridos y 43 desaparecidos, es un estigma difícil de borrar para la administración de Peña.

Tan sólo semanas después, el conflicto de intereses y presunta corrupción que envolvió la compra de la popular ‘Casa Blanca’, adquirida por la primera dama Angélica Rivera a la empresa contratista gubernamental HIGA, hizo decaer la confianza en la imagen presidencial.

En adelante, constantes tropiezos y errores protocolarios durante eventos de carácter oficial, han hecho de la figura presidencial una imagen que poco impone.

Recientemente, la falta de transparencia en la utilización de los recursos aportados por entes particulares y de la comunidad internacional para apoyar a las comunidades del centro del país tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre, restan aún más la credibilidad en el Gobierno federal.

En materia de las denominadas reformas estructurales, los mexicanos aún no se recuperan del golpe a los bolsillos que les han representado los efectos de la reforma fiscal y la reforma energética.

Particularmente en la frontera, la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11% al 16% con el resto del País, además de incrementar el costo de productos y servicios, puso en desventaja competitiva a propietarios de negocios, frente a establecimientos estadounidenses.

Respecto a los energéticos, el alza en el precio de la gasolina y la liberación del mercado de combustibles mantiene el descontento generalizado.

En Baja California, la inconformidad ha producido movilizaciones inéditas, que a pesar de su impacto y eco social, poco (o nada) han logrado.

La aceptación del resto de los cambios estructurales, en materia laboral, educativa, financiera y de telecomunicaciones, también en proceso de consolidación, no es mayor al de las dos anteriores.

Pese a todo lo anterior, el presidente Peña sostuvo que las circunstancias del País en cuanto a empleo, salud y finanzas son mucho mejores a las de hace cinco años, cuando inició su gestión.

Lo cierto es que la poca simpatía y popularidad de la que goza el presidente Peña, aunado a los escándalos de corrupción de la alineación del ‘Nuevo PRI’, de la mano de los ex gobernadores Roberto Borge, César y Javier Duarte, auguran un alto precio a pagar por el Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales del 2018.