Judicializan a manifestantes

A pesar de las tres causas penales que quedaron sin efecto contra manifestantes detenidos en el Rancho Mena el pasado 16 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa con la integración de carpetas de investigación en contra de otros de ellos.

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Las causas han sido por violación de medidas cautelares de protección, así como daños en propiedad ajena y motín.

Este viernes, uno de los abogados del colectivo Baja California Resiste fue objeto de un arresto administrativo, mientras que otros cinco manifestantes han sido imputados de diversos delitos, pero llevan el proceso en libertad.

Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Justicia en Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), afirmó que se está trabajando acorde al marco legal y de manera objetiva e imparcial en estos casos.

SALINAS BRAVO, DETENIDO

Este viernes por la mañana fue detenido el abogado Armando Salinas Bravo, uno de los voceros y asesor legal del grupo Baja California Resiste, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El motivo de su arresto fue por incumplir con una medida cautelar y de protección, que se basaba en no acercarse ni interferir en la obra de construcción de una obra pública que se realize en las inmediaciones de Rancho Mena.

Ante el incumplimiento de dicha medida, el pasado 16 de enero, los agentes ministeriales realizaron su aseguramiento este viernes a las 08:30 horas, en el fraccionamiento Hacienda del Real, informó el subprocurador de Justicia, Fernando

Ramírez Amador.

Agregó que el arresto administrativo, que será de 36 horas, ocurrió luego de que al amparo que promovió para evitar su arresto no se le concedió la suspensión de manera definitiva por la Justicia Federal.

Salinas Bravo estuvo al frente de las manifestaciones del pasado 16 de enero en el Rancho Mena, cerca de la construcción de la planta cervecera de la trasnacional Constellation Brands, donde se llevaron a cabo protestas contra su instalación.

El subprocurador dijo que estas medidas fueron solicitadas por una parte ofendida, ante el delito de obstrucción de construcción de una obra pública.

“Esto porque necesita ter minar con esta obra, el Ministerio Público se allega todos los datos de prueba y dicta las medidas que consisten en no impedir esta obra que se está construyendo”.

Es entonces que se les da por notificado a las personas que se encuentran como imputados, los cuales hasta el momento pudieran ser solamente tres personas, entre estos Salinas Bravo.

“Se les notifica con el apercibimiento de ley y la persona hace caso omiso a la indicación del Ministerio Público, por lo que vuelve a requerir que cumpla con la medida de protección”, añadió Ramírez.

La orden de restricción fue interpuesta el pasado 19 de diciembre, y fue la semana pasada cuando se presentaron los enfrenamientos entre manifestantes y autoridades en Rancho Mena, comentó.

DENUNCIAS

Trece denuncias han sido interpuestas ante las autoridades por parte de los manifestantes hacia autoridades o empresas, y de manera similar las que autoridades han puesto ante los grupos de resistencia, dijo Ramírez.

Informó que ya algunos de los funcionarios que se encuentran señalados en las denuncias han declarado, así como a toda otra gente que le resulte con alguna cita será llamada para rendir su versión.

IMPUTAN CARGOS DE MOTÍN A MANIFESTANTES

Daños en propiedad ajena y motín son los cargos que este viernes se les imputaron a cuatro manifestantes por lo ocurrido en el Congreso del Estado el 13 de septiembre del año pasado, cuando ingresaron por la fuerza al recinto legislativo.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala 7 del Centro de Justicia de calle Sur, donde figuran como imputados María Elena Ferrer Amarillas, Ramona de la Paz Castro González, Jorge Benítez López y Francisco Armando Contreras Zambrano.

Durante el desarrollo de la audiencia, bajo la Cau- sa Penal 056/2018, la fiscalía narró los hechos que les imputan, cuando utilizaron piedras, jaloneos y patadas para ingresar al Congreso.

El coordinador jurídico del Congreso fue quien presentó la denuncia, ante la cual, la defensa encabezada por Fernando Rosales Figueroa busca llegar a un acuerdo con el pago de la reparación de los daños.

Los cuatro imputados se reservaron el derecho a declarar y además solicitaron la ampliación del término de 144 horas para su audiencia de vinculación a proceso, lapso que tomarán para recabar pruebas a su favor.

De acuerdo al Código Penal de Baja California, se clasifica como motín “a quienes para hacer uso de un derecho, o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.

LIBRA “DON FILI” UNA

Con el pago de los daños a una camioneta del Gobierno del Estado, Filiberto Sánchez Gurrola, integrante del movimiento Baja California Resiste, libró una causa penal que se le llevaba por el delito de daños en propiedad ajena.

Aunado a esto, otra causa penal queda pendiente por el delito de allanamiento de morada, luego de que el año pasado ingresó al predio donde se construye la planta cervecera de la filia de Constellation Brands, donde subió a una grúa en una huelga de hambre que duró poco más de 56 horas.

La audiencia se llevó en el Centro de Justicia de Río Nuevo, donde Sánchez Gurrola pagó poco más de 2 mil pesos por el cristal de la camioneta, librando así la acción penal 57/2018, que quedó sobreseída.

Sin embargo, el también integrante de Baja California Resiste, no ha librado la Causa Penal 58/2018, por el delito de allanamiento de morada en perjuicio de la empresa Constellation Brands, pues en noviembre del 2017 ingresó al predio y por casi 60 horas se apostó en una grúa.

Esta audiencia fue diferida para el 15 de marzo, pues el abogado que lo representaría era Armando Salinas Bravo, que fue detenido el mismo día de la audiencia, por la mañana.