Diputados deben explicar que pasará con el recurso utilizado en el Muro: empresarios

Para la construcción del muro que dividiría a diputados y ciudadanos se utilizó un recurso superior a los 200 mil pesos.

Aunque por decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado el muro ya fue retirado del recinto legislativo, miembros del sector empresarial mexicalense argumentaron que la actual legislatura debe indicar que sucederá con el recurso designado para su construcción.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, expresó que a los diputados locales “les faltó imaginación” para encontrar otros medios con los cuales evitar actos de violencia como los que se han vivido en el Congreso del Estado, pues aseguró que la construcción de dicho muro fue absolutamente negativa para la situación actual.

Asimismo, indicó que para tranquilidad de la propia ciudadanía es necesario que los legisladores expliquen de donde se derivó el recurso para la construcción del muro y, sobre todo, quien tomó la decisión de colocarlo.

“Yo creo que debe haber una explicación, escucho opiniones de algunos diputados que dicen que no sabían hasta que lo estaban poniendo, pero alguien debió haberlo autorizado, no creo que haya sido un tema administrativo” dijo.

También el presidente de la Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, puntualizó que la decisión de construir el muro rompió con cualquier posibilidad de comunicación entre las fuerzas políticas y con los propios ciudadanos, de igual forma, llamó a los diputados a transparentar las decisiones que se tomaron alrededor de dicha obra.

“Hay que conocer quien lo ordena, como se iba a pagar, con que partidas, si estaba presupuestado o no… y sobre todo la transparencia de los actos” señaló.

Por otra parte, Llantada Ávila señaló que desde el inicio de la legislatura ha quedado claro que los diputados no se han caracterizado por “las buenas formas” en el quehacer legislativo.

Además, señaló su preocupación ante lo que llama una “agenda apresurada” que aprueba dictámenes importantes para las autoridades y sin embargo no toca los temas que preocupan a la ciudadanía o al sector empresarial, como es el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros.