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De nuevo, revisan documentos sobre APP que entregó el Congreso

El prolongado proceso para hacer pública la documentación sobre una de las obras por Asociación Público Privada (APP) por parte del Gobierno del Estado y el Congreso local se encuentra inconcluso con la duda de que hayan entregado la información completa.





Este martes se llevó a cabo una sesión de fe pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) para continuar con la revisión de la información que entregó el Congreso del Estado.





Fernando Rosales Figueroa, el abogado que solicitó la documentación, acusó la falta de 1 mil 63 hojas, que igualmente fueron cobradas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) pero que no fueron entregadas.





El cotejo se intentó realizar el pasado 3 de octubre, pero el representante del Congreso llevó solo tres cuadernillos y un disco compacto, pero se pospuso la sesión para este martes, pues debía llevar los documentos originales en físico.





Aunque el sujeto obligado señaló que esa documentación se encuentra en el Gobierno del Estado, para esta sesión acudió con los documentos que se encontraban en el disco compacto, pero impresos.





Será hasta que se lleve a cabo el cotejo del número de hojas cobradas con las entregadas que se pueda proceder a la revisión del contenido y la verificación que es lo que obra en los archivos del Congreso del Estado.





Para que se entregara esta información, el solicitante, Fernando Rosales Figueroa, hizo un pago de poco más de 15 mil pesos, recaudados por ciudadanos en monedas de 10 pesos en el mismo Centro Cívico.





El litigante busca integrar esta documentación a la denuncia interpuesta contra los 21 diputados de actual Congreso; el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; el ex titular de SIDUE, Manuel Guevara y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.





En su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rosales Figueroa señala la posible comisión de delitos por peculado, coalición de funcionarios públicos, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.




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