Cobros por derechos de agua están por "fuera de la ley": abogado

Por fuera de la ley y sin respeto al debido proceso fue como se calificaron los cobros por derechos de agua que realiza la autoridad estatal durante una rueda de prensa realizada por el Comité Técnico de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) en Baja California.

De acuerdo al abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, que participó como asesor de la conferencia, las empresas privadas que participan en la cobranza como FISAMEX y recientemente STRATIMEX utilizan métodos que salen de los marcos legales y de forma arbitraria.

Señaló que esta exposición tiene efectos negativos para las empresas, pues la empresa de cobranza y funcionarios estatales dañan la credibilidad de las afectadas.

El abogado resaltó que las autoridades estatales no están siguiendo los procedimientos regulados por la propia ley, y sin embargo se han visto pocas acciones legales por parte de las empresas ante el miedo a posibles represalias.

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"A mi me parece que hoy está detenido el conjunto de acciones legales por ese temor a las represalias, pero de que se va a desatar se va a desatar" afirmó "hay 450 empresas al menos que han sido objeto o víctima de este mecanismo ilegal, que van a presentar las denuncias en los plazos correspondientes"

Solís Farías indicó que algunas de las empresas que ya han presentado denuncias han sido señaladas e intimidadas por autoridades estatales, como la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría del Trabajo.

Asimismo, advirtió que muchos de los pagos que realizan las empresas por derechos de agua no pueden ser considerados actos jurídicos, dado que muchas veces no generan comprobante, y por ende no se puede reclamar la devolución del impuesto.

"Una vez que inicien las solicitudes de devolución en los tribunales la Hacienda Pública va a tener que regresar todo el dinero que se ha recibido el día de hoy" indicó "y los gobiernos futuros van a tener que sacar, porque va a venir por obligación de jueces y magistrados, quieran o no quieran, van a tener que sacar el dinero y regresarlo"

Frente a los representantes de los CCE de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, el abogado recomendó a los empresarios locales agruparse y presentar acciones, ya sea de forma individual o colectiva, en contra de este tipo de cobros.

También recomendó solicitar de forma inmediata las devoluciones de impuestos para estos pagos, afirmando que el mecanismo "opaco" que utilizan las empresas de cobranza podría tener consecuencias legales.

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Por su parte el representante del Consejo Técnico de los CCE en el estado, Gabriel Camarena, resaltó que hasta el momento desconocen el número de empresas que han presentado acciones legales por los cobros de derechos de agua.

"No tenemos la información de cuantas empresas hayan presentado su proceso, entiendo que fue directamente con sus abogados o con las cámaras que los representan" admitió "aún no ha existido esta acción común, por decir, de todas las empresas"

El presidente del CCE Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, recordó que el estado ha recaudado más de 1400 millones de pesos mediante este tipo de operaciones, además de que es necesario establecer criterios y mecanismos de pago dentro de las leyes.

Insistió además que los empresarios en Baja California no están negados a realizar estos pagos de derechos, siempre y cuando estos se hayan generado bajo "reglas claras".