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El Imparcial / Mexicali / Poder Judicial

Busca Congreso crear registro de deudores alimenticios

Ante el incremento de asuntos relativos al incumplimiento con los alimentos de menores.

Se someterá una iniciativa para crear la Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de apoyar los derechos de los menores por medio de una herramienta de carácter coercitivo, regulada por el Poder Judicial del Estado, siendo promovida por la diputada Evelyn Sánchez.

Argumentando que es un hecho notorio el incremento de asuntos relativos al incumplimiento con los alimentos de menores dentro de los Juzgados en Materia Familiar en Baja California.

En algunos casos aun teniendo sentencia definitiva, no se pueden ejecutar porque los deudores no tienen una fuente de empleo, trabajan en el vecino país, cambian de trabajo o no es posible obtener información sobre sus ingresos, lo cual hace mucho más difícil poder cobrar la pensión alimenticia.

También se busca reformar los artículos 79, 168, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, con objeto de conceder al Poder Judicial la facultad de integrar dicho registro.

“La realidad actual en Baja California, nos obliga como Congreso del Estado a realizar trabajos legislativos desde un enfoque de perspectiva de género, buscando reducir las situaciones desfavorables que en su mayoría, han asumido las mujeres a través del tiempo, en lo que respecta al ejercicio de la maternidad”, expresó la diputada. 


Para que se haga patente el derecho de niñas, niños y adolescentes, que en igualdad de condiciones y oportunidades accedan a una educación de calidad, servicios de salud, vestidos, espacios de apercibimiento, un hogar y a vivir en un ambiente seguro.


Por lo tanto, la creación de del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, serviría como una herramienta idónea para que los jueces en primera instancia en materia familiar, puedan materializar el contenido de sus sentencias, es decir, lograr que los deudores alimentarios cumplan con la prioridad de sus obligaciones.

Finalmente, la creación de una ley que regule el funcionamiento del registro, el cual se traduciría en una implementación de acciones que debe emprender el estado en la búsqueda del interés superior de los menores de edad.

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