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El Imparcial / Mexicali / Gobierno de Baja California

Auditor del Estado renunció por complicidad con Kiko: Bonilla

El titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), se encarga de investigar al presente y pasado Gobierno.

MEXICALI, Baja California.- El ex Auditor Superior del Estado, renunció debido a que fueron descubiertas llamadas con Francisco Vega de Lamadrid y Antonio Valladolid buscando un beneficio, acusó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

El titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), se encarga de investigar al presente y pasado Gobierno, el contador Carlos Montejo Oseguera fue elegido el 8 de julio del 2019, este 15 de noviembre presentó su renuncia ante el Congreso de Baja California.

El gobernador Bonilla, comentó que al ahora ex auditor, lo había buscado el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y ex secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid.

Cuando fue cuestionado por no haber reportado esa comunicación, el ex auditor les contestó que no había tenido tiempo de avisar que le estuvieron llamando para pedirle un favor por unas facturas falsas, relató Bonilla.

Se vieron con huevo en la cara y tuvo que renunciar, yo creo que el auditor lo quiso ayudar, no pudo, no estamos ciegos, desde hace mucho tiempo se señalan los desvíos”, reiteró Bonilla.

La renuncia

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP) del Congreso local, diputada Eva Griselda Rodríguez, recibió y aceptó la renuncia de Montejo el 15 de noviembre.

Montejo asumió el cargo en julio al resultar electo por 20 votos de los diputados de la pasada legislatura, argumentó en su renuncia que dejaba el cargo por motivos personales.

En el momento en que el encargado de despacho de la Auditoria Superior del estado sea designado, se dará a conocer por este medio.

En su momento se especuló que Montejo era una moneda de cambio para la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla, ya que ambos casos fueron decididos en la misma sesión.

El mismo Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción interpuso un amparo por la designación, al existir un claro conflicto de intereses, ya que Montejo trabajó en la administración de Vega de Lamadrid.

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