Analizarán fondo del dictamen que autorizó las desalinizadoras
El recurso de acción de inconstitucionalidad interpuesto por once diputados integra la forma por la convocatoria a destiempo de la sesión extraordinaria y por el fondo del dictamen que aprueba la instalación de plantas desalinizadoras vía asociación público privado.
El diputado Catalino Zavala Márquez detalló que el primer argumento del documento es por la forma de la convocatoria en destiempo y horarios equivocados. El fondo por el contenido del dictamen es por violentarse el marco constitucional en el Estado.
El diputado Luis Moreno Hernández explicó que es un sólo resolutivo, una sola acción en un solo recurso con dos argumentos.
Por parte de la forma, agregó que no se respetaron los procedimientos parlamentarios y en el fondo, se comprometen las finanzas públicas a través de las garantías que solicitaron las empresas desalinizadoras.
Detalló que el fideicomiso que pagará a las empresas por la cuenta corriente de los usuarios del agua de Tijuana y Playas de Rosarito, no es suficiente para los inversionistas.
Por lo cual solicitaron mayores garantías, donde explicó que el Estado propuso que de no alcanzar el pago mensual, se comprometen los recursos del impuesto sobre nómina y de requerirse más dinero, se utilizarían las participaciones federales en afectación directa de los bajacalifornianos.
El documento fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se turnará a un ministro, quien analizará y emitirá una resolución, lo cual puede tardar varios meses. Los diputados que avalaron el documento fueron Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, Luis Moreno Hernández, Jorge Eugenio Núñez Lozano, Miguel Antonio Osuna Millán, Bernardo Padilla Muñoz, Alejandro Arreguí Ibarra. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Blanca Patricia Ríos López y Claudia Josefina Agatón Muñiz.
INTERPONEN AMPAROS
Adicional a la acción de inconstitucionalidad, existen dos amparos presentados ante el Congreso del Estado, uno por el diputado Víctor Morán Hernández y el segundo por grupos indígenas de la entidad, argumentando que no fueron consultados y atenta contra los derechos de la comunidad.
El plazo para resolver los amparos es de 3 a 6 meses. Adicionalmente existe un recurso ante el Tribunal Local Electoral por violación a derechos políticos que ataca la forma del proceso.
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