Abren carpeta penal por la contaminación de un dren

MEXICALI, Baja California.- Tras la denuncia sobre el dren contaminado con litros de aceite quemado en el ejido Sinaloa, diversas autoridades han emprendido las investigaciones para sancionar a los responsables del delito ambiental.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emprendió la investigación a partir de la exposición del caso a través de los medios locales, señaló el subprocurador de zona de Mexicali.

Fernando Ramírez Amador explicó que el caso definitivamente se puede categorizar como un delito ambiental, por lo que tienen la competencia para investigar los hechos violatorios en contra de la salud ambiental y pública.

“Los delitos ambientales son cuando se vierten desechos tóxicos y residuos que contaminen la atmósfera, el suelo, el medio ambiente”, mencionó el funcionario. Hasta el momento no se ha presentado una denuncia por parte de los ciudadanos afectados, comentó el subprocurador de la PGJE.

“No hay una denuncia formal, pero con la información de los medios de comunicación ya iniciamos una carpeta de investigación para ver qué es lo que está aconteciendo”, manifestó.

Este delito cuenta con una pena de multa y prisión preventiva que puede llegar hasta los nueve años de cárcel, enfatizó el subprocurador de Mexicali.

“Ya se inició la carpeta y el siguiente paso es solicitar un dictamen pericial en materia de ambiente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”, detalló Ramírez Amador.

Por parte de la Profepa, se sabe de manera extraoficial que sus inspectores ya acudieron al sitio para levantar un muestreo, y que es la misma dependencia quien deberá interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

El dren tiene una extensión de 600 metros y una profundidad de dos a tres metros, con un ancho de cuatro a cinco metros, según la información de las autoridades. El aceite derramado podría filtrarse al acuífero, sin embargo aún no lo pueden precisar.

La Profepa no cuenta con suficiente personal por lo que tendría que pedir el apoyo a la Universidad Autoónoma de Baja California para realizar el dictamen que solicitó la PGJE y que en su momento deberá solicitar la FGR, en caso de no mandar peritos desde la Ciudad de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), también tendría que intervenir en el esclarecimiento de este delito, ya que se trata de un cuerpo de agua de competencia federal, señalaron autoridades.