Ice Cube hace petición al gobierno de Tucson luego de que se ilegalizara filmar escenas policiales

TUCSON.- Luego de que en la Ciudad de Tucson se diera a conocer una ordenanza que ilegalizará filmar escenas policiales, Ice Cube acudió a su cuenta oficial de Twitter para cuestionar sobre ello.

Todo comenzó el pasado 5 de junio, cuando la cuenta de Twitter, The Artsy Marxist publicó que "el ayuntamiento de Tucson había aprobado una ordenanza que hace ilegal que los ciudadanos filmen a la policía de Tucson".

Después de que el Tweet se volviera viral, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, participó en una cadena de respuestas con The Artsy Marxist y sus seguidores en Twitter para aclarar la legislación, que se identificó como la Ordenanza 11746, una enmienda al Código de la Ciudad de Tucson que se aprobó en abril con el objetivo de disuadir personas que se presentan en escenas del crimen para filmar actividades policiales, causar conflictos y publicar esos videos en Internet con fines de lucro.

‘’Esto es desinformación. La ordenanza reconoce y codifica explícitamente que "el público tiene un claro derecho a la libertad de expresión y a registrar las actividades policiales que tienen lugar en público”, señaló.

Más tarde, esta declaración captaría el interés del rapero, quien rápidamente acudió a la red social para dar a conocer su punto de vista.

"Por favor, asegúrese de que sea pro-gente y no pro-aplicación de la ley. Todos ustedes deberían tener una reunión de emergencia para asegurarse de que están satisfaciendo a los grandes ciudadanos de Tucson y sus alrededores. Me encanta allí, odiaría perderlo”, escribió.

La ordenanza fue creada en respuesta a un video de personas que aparecieron en la escena del crimen y participaron en un ataque verbal contra dos oficiales de policía de Tucson.

Según información de Kvoa.com,  los funcionarios señalaron que esta ordenanza permite a la policía arrestar a las personas que cruzan una línea policial establecida y acusarlas de un delito menor de clase dos. Las personas condenadas por este cargo pueden recibir una multa de hasta $ 750 y pasar hasta cuatro meses en la cárcel.

Esta legislación no restringe ni penaliza a las personas por registrar a los agentes de policía.