Julio Iglesias enfrenta nueva querella de dos exempleadas por presuntas agresiones sexuales y condiciones laborales abusivas

Dos exempleadas del cantante Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España. Acusan al artista de presuntas agresiones sexuales continuas y de imponerles condiciones de trabajo forzadas y degradantes.

Los hechos que describen habrían ocurrido en 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. La organización Women’s Link, que las asiste, anunció la acción este viernes en un comunicado.

La información se basa en ese comunicado y en reportes de la agencia EFE. Las mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, ya habían presentado una denuncia ante la Fiscalía a inicios de 2026.

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Esa denuncia fue archivada porque la Fiscalía consideró que los tribunales españoles no tenían competencia. Ahora recurren a la vía de la querella directa ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Buscan que un juez investigue el caso. Julio Iglesias ha negado las acusaciones desde que se conocieron y sus abogados han hablado de un “linchamiento público”.

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Qué ocurrió con la primera denuncia

En enero de 2026, Rebeca y Laura acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una de ellas había trabajado como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones que, según ellas, sufrieron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Describieron un ambiente de intimidación constante. Una de ellas indicó que estaban obligadas a hacerse revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

La Fiscalía archivó el caso al entender que no existía un vínculo relevante con España y que los hechos ocurrieron fuera del país. El archivo no implica que los hechos se hayan juzgado ni que exista una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

En qué consiste la nueva querella

Women’s Link explicó que las mujeres sostienen que el cantante “las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”.

Según la organización, el querellado habría aprovechado su posición de poder y la vulnerabilidad de ellas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades. La ONG considera que estos hechos pueden constituir varios delitos. Incluyen trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por condiciones laborales abusivas.

Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la organización, señalaron a EFE.

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Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia"

. Subrayaron que hechos tan graves merecen una investigación por parte de las autoridades.

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Por qué las mujeres insisten en la justicia española

Las denunciantes y su equipo legal argumentan que España puede tener competencia en este tipo de casos. Se apoyan en la legislación nacional y en tratados internacionales. Piden que se investigue aunque los hechos hayan ocurrido en el extranjero. Women’s Link destacó que el sector del trabajo remunerado del hogar está profundamente feminizado, racializado y precarizado.

En ese contexto, las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

“Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias”, recalcaron desde la organización. Aseguran que miles de trabajadoras en América Latina, el Caribe y Europa podrían vivir situaciones similares.

Desde que se hizo pública la primera denuncia, Julio Iglesias negó la veracidad de las acusaciones. Afirmó que nunca ha coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer. Sus abogados han calificado el proceso mediático como un linchamiento público.