El cantante Laureano Brizuela denunció que el Estado mexicano le adeuda 1,600 millones de pesos tras resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron reparar daños por su detención y proceso fiscal iniciado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
A tres décadas de su absolución judicial, el músico sostiene que México no ha cumplido con la reparación integral señalada en informes de la CIDH relacionados con violaciones a derechos humanos derivadas de un proceso penal por presunto fraude fiscal ocurrido entre finales de los años ochenta y los noventa
El cantante y compositor argentino Laureano Brizuela afirmó que el Estado mexicano mantiene pendiente el pago de una compensación cercana a 1,600 millones de pesos, derivada de resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con su proceso penal por presunto fraude fiscal ocurrido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con declaraciones recogidas originalmente por Proceso, el artista sostuvo que su caso continúa abierto ante instancias internacionales, pese a que fue absuelto de los cargos en 1996 tras haber sido detenido en 1989 y encarcelado en 1990.
El intérprete señaló que la CIDH determinó la existencia de violaciones a varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implicaría una obligación de reparación por parte del Estado.
¿Qué ocurrió con el proceso fiscal contra Laureano Brizuela?
El caso comenzó a finales de la década de 1980, cuando autoridades fiscales mexicanas acusaron al músico de fraude fiscal relacionado con el manejo de sus ingresos artísticos en México.
Según el propio Brizuela, las acusaciones derivaron de irregularidades en la contabilidad administrada por su entonces representante, Raúl Velasco junior, quien dirigía la empresa Producciones Vela.
Durante el proceso, el cantante fue detenido en 1989 y posteriormente encarcelado en 1990, en un contexto que el propio artista ha descrito como una persecución fiscal.
La investigación fue impulsada en ese momento por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente por el entonces subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, quien años después sería secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox.
Finalmente, los tribunales mexicanos lo absolvieron en 1996, poniendo fin al proceso penal iniciado años antes.
El reclamo por el patrimonio confiscado
Tras la absolución, Brizuela inició un proceso legal para exigir la devolución de recursos que, según su versión, fueron confiscados durante el proceso fiscal.
El músico sostiene que pagó al Estado mexicano cerca de 1,600 millones de pesos en un esquema de pagos que se extendió entre 1991 y 1993, periodo en el que realizó 24 cuotas para cubrir las exigencias fiscales derivadas del procedimiento.
De acuerdo con su relato, ese dinero fue obtenido mediante presentaciones y actividades artísticas, aunque afirmó que las auditorías fiscales continuaban incluso cuando intentaba generar ingresos.
El artista ha señalado que, pese a la absolución judicial, no recibió restitución patrimonial ni compensación por los daños económicos y profesionales derivados del proceso.
El caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ante la falta de resolución en el ámbito nacional, el cantante llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
En el Informe de Admisibilidad 64/14, emitido el 25 de julio de 2014, la CIDH analizó la petición presentada por Brizuela contra el Estado mexicano.
En ese documento, el artista alegó la violación de diversos derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos:
- Integridad personal
- Libertad personal
- Garantías judiciales
- Principio de legalidad
- Protección de la honra y dignidad
- Derecho de propiedad
- Protección judicial
La Comisión declaró admisible la denuncia respecto a varios de estos artículos, lo que permitió continuar con el análisis del caso.
Posteriormente, en noviembre de 2019, la CIDH publicó el Informe de Fondo del caso 12.967, en el que abordó la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos denunciados.
La discusión sobre la reparación del daño
Según el artista, los informes del organismo interamericano establecen la necesidad de una reparación integral del daño, concepto jurídico que implica restituir a la persona afectada en la situación previa a la violación de sus derechos.
En términos legales, la reparación puede incluir:
- Restitución patrimonial
- Compensación económica
- Reconocimiento público de responsabilidad
- Medidas para evitar la repetición de los hechos
Brizuela afirma que el gobierno mexicano manifestó en distintos momentos su disposición a analizar mecanismos de reparación, aunque sostiene que hasta ahora no se ha concretado una solución.
De acuerdo con sus declaraciones, una de las propuestas de compensación que recibió habría sido cercana a 80 mil dólares, monto que calificó como insuficiente frente a las pérdidas económicas y personales que atribuye al proceso.
La postura actual del cantante
Treinta años después de su absolución, Brizuela sostiene que su caso sigue representando una disputa por la reparación de daños derivados de decisiones del Estado.
El artista afirma que ha invertido recursos propios en el proceso legal internacional, incluyendo honorarios de abogados, y que continuará buscando el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la CIDH.
También ha señalado que su intención es que el caso sirva como precedente sobre el uso de mecanismos fiscales y judiciales en procesos contra contribuyentes, aunque subraya que su reclamación se centra en la restitución de derechos.
Actividad artística y presencia en México
A pesar del litigio, Brizuela ha continuado su carrera musical en México, país donde mantiene una base de seguidores desde la década de los ochenta.
El intérprete, conocido por el sobrenombre de “El Ángel del rock”, ha participado en colaboraciones con músicos como Amanda Miguel, Benny Ibarra y Alex Lora.
Además, tiene programada una presentación para el 26 de abril en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.
Un caso aún abierto en el sistema interamericano
El cantante sostiene que su expediente es actualmente uno de los casos más antiguos relacionados con México dentro del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Brizuela afirma que continuará solicitando el cumplimiento de las recomendaciones del organismo, al considerar que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los compromisos internacionales derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La información fue publicada originalmente por Proceso, con base en declaraciones del propio artista y en documentos del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el caso presentado contra el Estado mexicano.
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