Denuncia contra Julio Iglesias por abuso sexual queda archivada: Fiscalía española argumenta falta de jurisdicción
El motivo principal para cerrar la investigación fue la falta de jurisdicción. De acuerdo con la Fiscalía, los tribunales españoles no son competentes para conocer el caso por una combinación de factores legales.

ESPAÑA.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la investigación iniciada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de acoso y agresión sexual. La denuncia fue presentada el 5 de enero por dos ex trabajadoras, quienes señalaron hechos que, según su versión, habrían ocurrido en 2021. La decisión no entra al análisis del fondo de las acusaciones, sino que se centra en un punto clave para cualquier proceso penal: la competencia legal de los tribunales españoles para investigar los hechos denunciados.
Esta resolución pone fin, al menos en España, a las diligencias preprocesales y aclara bajo qué circunstancias un caso de este tipo puede ser investigado por la justicia española.
La razón central del archivo: falta de jurisdicción
El motivo principal para cerrar la investigación fue la falta de jurisdicción. De acuerdo con la Fiscalía, los tribunales españoles no son competentes para conocer el caso por una combinación de factores legales que impiden continuar con la indagatoria en ese país.
Este punto es relevante porque establece que, aun cuando exista una denuncia formal, los jueces deben primero determinar si tienen la facultad legal para investigarla.
¿Por qué España no puede investigar el caso?
La defensa de Julio Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, expuso tres argumentos que fueron aceptados por la Fiscalía:
- Lugar de los hechos: Los supuestos incidentes habrían ocurrido fuera de España, específicamente en la República Dominicana y en las Bahamas.
- Nacionalidad de las denunciantes: Ninguna de las dos mujeres es de nacionalidad española.
- Residencia del denunciado: Julio Iglesias tiene su residencia habitual en la República Dominicana.
Bajo estos criterios, la Fiscalía concluyó que la denuncia debió presentarse ante las autoridades del país donde habrían ocurrido los hechos.
La postura de la defensa sobre la elección de España
La defensa sostuvo que acudir a la justicia española no respondía a un criterio jurídico, sino a la búsqueda de una mayor exposición pública del caso. Según este argumento, la presentación de la denuncia en España habría generado un impacto mediático significativo y, con ello, un daño a la imagen pública del cantante.
Este señalamiento fue incluido en el expediente y formó parte del análisis que llevó al archivo de las diligencias.
La respuesta pública de Julio Iglesias durante la investigación
Mientras la investigación permanecía bajo carácter reservado, Julio Iglesias no pudo personarse formalmente en el proceso. Ante esa situación, el cantante recurrió a sus redes sociales para dar su versión de los hechos.
A través de su cuenta de Instagram, compartió capturas de conversaciones de WhatsApp intercambiadas con las denunciantes entre abril de 2021 y septiembre de 2022.
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¿Qué mostraban los mensajes difundidos?
De acuerdo con lo publicado por el propio artista, los mensajes reflejaban una relación profesional cordial y respetuosa. En las conversaciones se observaban:
- Expresiones de agradecimiento y reconocimiento profesional.
- Coordinación de rutinas físicas y cuidados posturales relacionados con el trabajo.
- Felicitaciones de cumpleaños enviadas por una de las ex trabajadoras meses después de haber terminado su relación laboral con él.
Estos elementos fueron presentados por Iglesias como parte de su defensa pública.
¿Qué sigue tras el archivo del caso en España?
Con el archivo de las diligencias preprocesales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional da por concluida cualquier investigación en territorio español. La decisión coincide con la postura de la defensa, que calificó las acusaciones como una acción mediática y un uso indebido de la vía penal.
El archivo no impide que las denunciantes, si así lo consideran, puedan acudir a las autoridades competentes del país donde presuntamente ocurrieron los hechos, siempre que la legislación local lo permita.
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