Markitos Toys pide amparo en Mexicali para evitar detención, extradición y bloqueo de cuentas

El creador de contenido Markitos Toys (Marcos Eduardo Castro Cárdenas) presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del orden penal en Mexicali, Baja California, según reportes publicados este 18 de noviembre. En su escrito, el influencer alega temor a ser detenido, extraditado o a que le congelen y bloqueen cuentas bancarias, por lo que busca protección constitucional contra posibles actos de autoridades mexicanas e internacionales.

Qué pide en el amparo y a quiénes acusa de riesgo

En el documento presentado por su defensa, Markitos Toys reclama medidas para impedir “órdenes verbales o escritas” que puedan privarlo de la libertad, así como acciones que limiten su patrimonio o su movilidad internacional. El recurso menciona potenciales actuaciones de la FGR, la UIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades judiciales; también hace referencia a la posibilidad de una extradición.

Medios que cubrieron la nota detallan que la petición busca frenar cualquier intento de bloqueo de activos, destierro o traslado al extranjero mientras se determina la procedencia o no de las investigaciones.

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Suspenden provisionalmente algunos actos reclamados

Fuentes jurídicas citadas por la prensa señalan que la jueza federal Karla Garay Díaz concedió una suspensión de plano —una medida provisional— para impedir, de forma inmediata, ciertos actos reclamados en el amparo, en particular los relativos a maltrato, destierro o extradición hasta que el juzgado resuelva si admite o no la demanda. Esta suspensión protege temporalmente al quejoso mientras se analiza el fondo del caso.

Contexto: señalamientos previos y versiones sobre investigaciones

El amparo llega después de varios meses en que el nombre de Markitos Toys ha sido vinculado en medios con investigaciones sobre presuntos nexos con Los Chapitos y maniobras financieras cuestionables. En julio de 2025 distintos reportes publicaron que la UIF y autoridades en Estados Unidos indagaban movimientos económicos y que, incluso, el influencer habría perdido su visa estadounidense. Markitos Toys ha rechazado públicamente dichas acusaciones.

En semanas pasadas el influencer negó en redes sociales y entrevistas que haya lavado dinero o que haya participado en actos ilícitos: afirmó que su fortuna es producto de su trabajo como creador de contenido y que dedica recursos a obras de apoyo social.

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Riesgo y seguridad personal en el expediente

En su demanda de amparo, Markitos Toys expresó además temor por su integridad física, mencionando un contexto de violencia en Sinaloa y episodios que, a su juicio, han puesto en riesgo a su familia. La petición detalla que la posibilidad de detención o de “órdenes” en su contra podría forzarlo a abandonar el país de forma indefinida, por lo que busca garantías para su libre tránsito y para preservar sus bienes.

Reapariciones públicas y el debate mediático

Pese a las acusaciones y la tensión legal, Markitos Toys ha hecho apariciones públicas recientemente; algunos reportes lo situaron en eventos públicos con seguridad privada, lo que alimentó la discusión sobre su situación y el porqué de la petición judicial. En paralelo, medios locales y nacionales han publicado recuentos de las polémicas que han rodeado al youtuber desde 2024, incluidas detenciones previas, la muerte de un hermano y señalamientos de vínculos con grupos delictivos.

Qué puede pasar ahora con el amparo

• Análisis judicial: El juzgado valorará si admite la demanda de amparo y si los actos reclamados requieren medidas cautelares adicionales. La suspensión de plano ofrece una protección temporal, pero no equivale a la resolución definitiva.
• Movimientos de las autoridades: Si las fiscalías o la UIF cuentan con pruebas contundentes, podrían insistir en la continuidad de las indagatorias y solicitar la reanudación de actos, lo que abriría otro frente judicial.
• Rumbo político y mediático: La cobertura mediática y las reacciones en redes influirán en la percepción pública, pero en términos legales primará la documentación probatoria ante los tribunales.

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