Víctor Álvarez Puga alega persecución política para evitar extradición
El empresario, esposo de Inés Gómez Mont, pidió asilo en Estados Unidos mientras enfrenta acusaciones en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nuevos documentos judiciales revelaron que Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, solicitó asilo político en Estados Unidos poco antes de ser detenido por autoridades migratorias en septiembre pasado.
La petición, presentada en 2021, sostiene que el empresario y su familia son víctimas de persecución en México por sus creencias políticas conservadoras, una afirmación que contrasta con los señalamientos que enfrenta en su país de origen.
Una estrategia que podría frenar su extradición
De acuerdo con registros obtenidos por Imagen Televisión, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021 y salió rumbo a las Bahamas el 9 de julio, apenas tres días antes de que expirara su estancia legal. Al regresar por barco al día siguiente, intentó reingresar al país alegando persecución política, lo que derivó en la apertura de su solicitud de asilo, aún en revisión por las autoridades migratorias.
Este movimiento es considerado por analistas legales como una maniobra que podría retrasar su extradición a México, ya que mientras el proceso de asilo permanezca activo, el gobierno estadounidense no puede entregarlo automáticamente a las autoridades mexicanas.

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En el centro de un caso millonario
Álvarez Puga y Gómez Mont son señalados desde 2021 por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros delitos. Ambos se mantuvieron prófugos durante más de cuatro años, hasta que el empresario fue detenido en Florida y trasladado a un centro migratorio, donde permanece bajo custodia.
Mientras tanto, el paradero de Inés Gómez Mont sigue siendo desconocido, y las autoridades de ambos países analizan los pasos a seguir en torno al caso, que continúa generando controversia tanto por sus implicaciones legales como por el intento de Álvarez Puga de presentarse como un perseguido político.
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