Imputan a Los Alegres del Barranco por apología del delito en Jalisco
La banda es señalada por interpretar narcocorridos dedicados a líderes del crimen organizado durante conciertos en Zapopan, Cihuatlán y Tequila.

Los Alegres del Barranco, agrupación sinaloense de música regional mexicana, enfrentan un proceso judicial en el estado de Jalisco por presunta apología del delito, derivado de la interpretación de narcocorridos que hacen alusión a figuras del crimen organizado.
La controversia comenzó el 29 de marzo de 2025, durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, donde la banda interpretó la canción “El del Palenque”, mientras proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este acto fue considerado por autoridades como una posible glorificación del delito.
Nuevas investigaciones en Cihuatlán y Tequila
Pese a la investigación, la agrupación repitió la dinámica en otros eventos. El 3 de mayo en Cihuatlán y el 4 de mayo en Tequila, proyectaron la letra del narcocorrido para que el público lo cantara, sin interpretarlo directamente. La Fiscalía de Jalisco abrió dos nuevas carpetas de investigación por este motivo.
“Se evitó cantar la canción, pero se proyectó para que el público la entonara. No se cancela el acto, sólo se modifica la forma”, señalaron fuentes judiciales.
Consecuencias legales
Este 6 de mayo, los integrantes comparecieron ante el Juzgado 16 de Puente Grande, donde fueron formalmente imputados. El gobernador Pablo Lemus anunció que en Jalisco se vetará a artistas que promuevan la criminalidad. A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también criticó estos espectáculos.
En respuesta a la polémica, Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda, argumentando que no permitirán la entrada de artistas que ensalcen a criminales.
¿Qué es la apología del delito?
La apología del delito, de acuerdo con el Código Penal Federal mexicano, es el acto de alabar o justificar públicamente conductas delictivas o a sus responsables. La sanción puede ser de hasta seis meses de prisión o trabajo comunitario, dependiendo del caso.
Este caso ha generado debate en torno a los límites de la libertad de expresión artística frente a la responsabilidad de no fomentar la violencia en un país marcado por el narcotráfico.
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