‘Perdón’ de multas a grandes contribuyentes aprueba Morena en la Cámara de Diputados
Diputados aprueban la Ley de Ingresos 2027: amplían la regularización fiscal a grandes contribuyentes y autorizan deuda interna por 1.7 billones de pesos.
MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que estima ingresos públicos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y amplía las facilidades para que grandes empresas y otros contribuyentes regularicen sus adeudos fiscales.
El dictamen también autoriza al Gobierno federal a contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna neta y 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa, destacó Reforma.
La modificación al programa fiscal fue presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, después de una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El cambio elimina el requisito que limitaba el acceso al beneficio a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante 2025, así como la exclusión de quienes se encuentran bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación y los reportes de la sesión publicados por medios nacionales, el pleno aprobó la ley en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención. El dictamen fue turnado al Senado para continuar su proceso legislativo.
La decisión abre dos discusiones: quiénes podrán acogerse al programa de regularización y qué implicaciones tiene el endeudamiento autorizado para las finanzas públicas de México.
¿Qué aprobó Morena en la Ley de Ingresos 2027?
La mayoría de Morena y sus aliados avaló el dictamen con una modificación al artículo vigésimo primero transitorio, relacionada con el programa de regularización fiscal.
La propuesta original establecía restricciones para acceder a las facilidades de pago. La reserva presentada por Monreal eliminó dos de ellas: el límite de ingresos anuales de 300 millones de pesos registrado en 2025 y la exclusión de los contribuyentes bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.
La aprobación en lo general se realizó el miércoles 14 de octubre, con 331 votos a favor y 118 en contra. Después de una discusión que se prolongó durante varias horas, la Cámara avaló el dictamen en lo particular durante la madrugada del jueves.
La modificación fue defendida por Morena como una herramienta para recuperar recursos fiscales que podrían permanecer sin cobrar. La oposición cuestionó que se ampliaran los beneficios sin precisar el costo recaudatorio de la medida ni el número definitivo de beneficiarios.
¿Qué empresas podrán regularizar sus adeudos fiscales?
La eliminación del límite de ingresos permite que personas físicas y morales que superen los 300 millones de pesos anuales puedan acceder al programa, siempre que cumplan las demás condiciones previstas en la disposición.
El límite eliminado correspondía a los ingresos obtenidos durante 2025, no al monto de la deuda fiscal. Por tanto, no significa que cualquier empresa pueda recibir automáticamente el beneficio ni que todos los adeudos queden cubiertos por la medida.
Entre las condiciones señaladas durante la discusión legislativa se encuentran las relacionadas con los créditos fiscales firmes o consentidos, es decir, adeudos cuya determinación ya no está sujeta a controversia ordinaria en los términos aplicables.
La reserva elimina las restricciones señaladas, pero conserva otras condiciones del programa. Para conocer el alcance exacto de la disposición será necesario revisar el texto definitivo aprobado y las reglas que resulten aplicables.
¿Qué impuestos se perdonan y cuáles deben pagarse?
El programa contempla la eliminación del 100% de las multas, los recargos y los gastos de ejecución en los casos de regularización previstos.
Sin embargo, el beneficio no elimina la obligación principal. Los contribuyentes deben pagar las contribuciones pendientes para acceder a las facilidades sobre los conceptos adicionales.
Esto significa que una empresa con un adeudo fiscal no queda liberada de pagar el impuesto determinado por el SAT. La reducción se aplica a las cargas asociadas al incumplimiento, siempre que se satisfagan los requisitos correspondientes.
Durante la discusión, Ricardo Monreal rechazó que la modificación constituyera una condonación de impuestos.
“El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, afirmó.
Más adelante, insistió: “No se trata de condonación de impuestos, los impuestos se tienen que pagar”.
La diferencia es importante porque el artículo 28 de la Constitución establece restricciones a las condonaciones de impuestos en los términos previstos por la propia norma. El debate legislativo se centró en determinar si la eliminación de multas, recargos y gastos de cobro constituye un estímulo para recuperar adeudos o un beneficio que puede entrar en tensión con el principio de equidad fiscal.
¿Por qué Sheinbaum propuso ampliar el programa?
La modificación se produjo después de que Claudia Sheinbaum anunciara, el martes 13 de octubre, que había propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ampliar las facilidades para pagar adeudos sin multas ni recargos.
El anuncio ocurrió durante el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial. Un día después, Monreal presentó la reserva ante el pleno de la Cámara de Diputados.
El coordinador de Morena reconoció que la propuesta derivó del encuentro presidencial con representantes empresariales.
“Esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial”, explicó.
Monreal defendió que la ampliación permitiría reducir controversias fiscales, facilitar la regularización de contribuyentes y recuperar recursos que, de otra manera, podrían resultar difíciles de cobrar.
“A nosotros, la mayoría legislativa, nos corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidido con los empresarios del país”, sostuvo.
Desde Morena, la diputada Sandra Anaya Villegas también defendió el mecanismo como una vía para recuperar impuestos pendientes.
“Es mejor un contribuyente que puede pagar y regularizarse que una deuda que crece, que se vuelve incobrable y que termina sin beneficiar a nadie”, señaló.
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¿Cuántos contribuyentes podrían recibir el beneficio?
Durante el debate, Ricardo Monreal mencionó distintas estimaciones sobre el universo potencial de beneficiarios, pero no presentó un padrón definitivo.
El coordinador de Morena habló de un universo hipotético cercano a 30 millones de contribuyentes. Ante las preguntas de José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, calculó que entre 3 millones y 4 millones podrían tener créditos fiscales firmes o consentidos.
También mencionó una estimación de entre 200 mil y 300 mil personas morales, es decir, empresas y otras entidades reconocidas legalmente como personas jurídicas.
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Estas cifras corresponden a estimaciones expuestas durante la discusión y no deben interpretarse como el número confirmado de contribuyentes que recibirán el beneficio.
Monreal sostuvo que una aplicación previa del programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes. Con ese antecedente, argumentó que ampliar el alcance podría incrementar la recaudación.
No obstante, la reserva no cuantifica cuánto podría dejar de ingresar el erario por la eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución, ni establece cuántos contribuyentes adicionales se incorporarían.
El diputado del PRI César Alejandro Domínguez Domínguez cuestionó esta falta de información y planteó qué mensaje recibirían quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales.
“¿Y el mensaje al contribuyente cumplido cuál va a ser?”, preguntó.
¿Qué críticas recibió la ampliación de los beneficios fiscales?
Los legisladores de oposición cuestionaron tanto el alcance del programa como la congruencia de la medida con la política fiscal del Gobierno federal.
Federico Döring Casar, del PAN, pidió que se leyera el artículo 28 constitucional y calificó la modificación como un beneficio para “machuchones”. Con ello, cuestionó que se ampliaran las facilidades a grandes contribuyentes mientras el discurso oficial plantea combatir los privilegios fiscales.
Por su parte, Emilio Suárez Licona, del PRI, acusó a Morena de presentar como estímulo fiscal una medida que, a su juicio, equivale a una condonación.
El legislador también comparó la atención a la petición empresarial con el rechazo a propuestas de su bancada, como eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.
“Hoy deciden resolver un bomberazo a petición de empresarios, pero se niegan a ayudar al grueso de la población”, reclamó.
Además, cuestionó la congruencia de la decisión con las restricciones a las condonaciones fiscales impulsadas por Morena en 2020.
Desde Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno dirigió sus críticas a otro componente del dictamen: el endeudamiento. La diputada cuestionó que el aumento de los ingresos públicos y la contratación de más deuda no estuvieran acompañados de una estrategia suficiente de inversión y crecimiento económico.
¿Cuánta deuda podrá contratar el Gobierno federal en 2027?
La Ley de Ingresos autoriza al Gobierno federal a contratar endeudamiento neto de hasta 1.7 billones de pesos en el mercado interno y hasta 13 mil 500 millones de dólares en el externo.
El límite de deuda interna es 80 mil millones de pesos menor que los 1.78 billones autorizados para 2026.
Sin embargo, esa reducción no significa que la deuda pública total vaya a disminuir. El endeudamiento neto representa los nuevos préstamos contratados después de descontar los pagos destinados a reducir el principal de obligaciones anteriores. Por ello, el saldo acumulado depende de los préstamos, amortizaciones y otros movimientos financieros.
La Ley de Ingresos también estima que el Gobierno federal contará con 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos durante 2027 para financiar el gasto público. De esa cantidad, alrededor de 6.2 billones corresponderían a ingresos tributarios.
El endeudamiento es una de las fuentes de financiamiento previstas para cubrir las necesidades del sector público, pero su efecto sobre las finanzas nacionales depende de cómo se utilicen los recursos y del costo de los préstamos.
¿Cuánto podría representar la deuda pública respecto al PIB?
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la deuda pública, medida mediante el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, alcanzaría alrededor de 21.7 billones de pesos en 2027.
Esa cifra equivaldría al 55% del Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor de los bienes y servicios producidos en México durante un año.
La proporción permite dimensionar el tamaño de las obligaciones públicas frente a la actividad económica nacional. No significa que el Gobierno deba pagar la totalidad de ese monto durante 2027, sino que se trata de un saldo acumulado de deuda.
La discusión también involucra el costo de mantener esas obligaciones. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para intereses, comisiones y otros costos financieros de la deuda pública.
De acuerdo con las cifras presentadas en el debate, ese gasto sería superior a los recursos previstos para inversión física. Por cada 100 pesos destinados a infraestructura, obras y equipamiento, se gastarían aproximadamente 150 pesos en el costo financiero de la deuda.
¿Cómo puede afectar el pago de intereses al gasto público?
Los intereses y otros costos financieros representan recursos que deben destinarse al cumplimiento de las obligaciones de deuda. Por ello, el monto que se asigna a ese rubro es relevante para analizar cuánto dinero queda disponible para otras prioridades presupuestarias.
Durante la discusión, Anayeli Muñoz advirtió sobre las posibles consecuencias para servicios públicos e infraestructura.
“Cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos, por ejemplo, para la salud, para la educación, para la infraestructura”, señaló.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, defendió la reducción del límite de endeudamiento interno y sostuvo que los préstamos pueden financiar proyectos productivos.
Entre los rubros que mencionó se encuentran infraestructura energética, ferroviaria y carretera, así como hospitales y vivienda.
“La deuda bien aplicada es una herramienta legítima y necesaria para impulsar el crecimiento”, afirmó.
El contraste entre ambas posturas refleja el punto central de la discusión: el endeudamiento puede financiar obras y servicios, pero también genera compromisos de pago que deben contemplarse en los presupuestos de los siguientes años.
¿Qué sigue para la Ley de Ingresos de 2027?
Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado al Senado, donde deberá continuar el proceso legislativo.
La aprobación de los diputados no equivale todavía a la conclusión de ese procedimiento. El texto definitivo y su entrada en vigor dependerán de las etapas legislativas correspondientes.
También debe distinguirse la Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos. La primera establece las estimaciones de recursos y las autorizaciones de financiamiento del Gobierno federal; el segundo determina cómo se distribuirá el gasto entre dependencias, programas y proyectos.
Por ello, aunque la Ley de Ingresos establece un marco para financiar el gasto público de 2027, la asignación concreta de recursos a salud, educación, infraestructura y otros rubros se definirá en el Presupuesto de Egresos.
Las dos decisiones aprobadas en San Lázaro tendrán que evaluarse a partir de sus resultados: si la ampliación de las facilidades fiscales permite recuperar adeudos sin debilitar la equidad tributaria y si el endeudamiento se traduce en inversiones cuyos beneficios justifiquen los compromisos financieros que asumirá el país.
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