Claudia Sheinbaum quiere llevar a México al top 10 de economías del mundo con el Plan México: más inversión y 1.5 millones de empleos

El Gobierno de Claudia Sheinbaum analizará si una organización distinta entre dependencias puede acelerar el Plan México, después del diagnóstico elaborado por las economistas Mariana Mazzucato y Lara Merling sobre uno de los programas económicos centrales del sexenio.

La propia Presidenta dijo el 24 de septiembre que se realizarán talleres para estudiar la propuesta y determinar si es factible modificar la coordinación gubernamental. Explicó que el enfoque de Mazzucato busca organizar instituciones y políticas alrededor de “misiones” comunes para avanzar con mayor rapidez y promover innovación.

El planteamiento proviene del informe Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque por misiones para alcanzar una prosperidad compartida, publicado por el Institute for Innovation and Public Purpose de University College London y elaborado por Mazzucato y Merling después de un año de conversaciones y talleres con funcionarios, académicos y representantes gubernamentales mexicanos.

La conclusión central es sencilla, aunque su ejecución no lo sea: México ya tiene numerosos planes e instituciones, pero todavía necesita una arquitectura capaz de hacerlos trabajar juntos. El documento propone coordinar política industrial, financiamiento, compras públicas, infraestructura y capacidades gubernamentales alrededor de objetivos compartidos.

El Plan México fue presentado originalmente en enero de 2025 con un portafolio de más de 2 mil proyectos nacionales y extranjeros por 277 mil millones de dólares. Entre sus metas hacia 2030 están ubicar al país entre las diez economías más grandes del mundo, generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos, elevar el contenido nacional y lograr que 50% de determinadas compras públicas procedan de producción nacional.

México exporta mucho más, pero eso no garantizó mayor productividad

Uno de los datos más incómodos del diagnóstico está en la evolución de la industria exportadora. Las exportaciones manufactureras mexicanas más que se triplicaron entre 2000 y 2024, pero la productividad laboral permaneció prácticamente estancada y cerró ese periodo por debajo del nivel con el que comenzó.

Para las autoras, esta divergencia muestra que fabricar y exportar más no necesariamente significa desarrollar tecnología, proveedores, conocimiento o bienes de capital dentro del país. Una parte relevante de la producción mexicana sigue dependiendo de componentes, maquinaria y tecnología importados, mientras numerosas empresas nacionales permanecen en actividades de menor valor agregado.

La misma discusión aparece con la inversión extranjera. México recibió un récord de 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en 2025, 10.8% más que la cifra originalmente reportada para 2024. La tendencia continuó en 2026: durante el primer semestre ingresaron 34 mil 968 millones de dólares, también un máximo para ese periodo.

El informe, sin embargo, insiste en que el monto agregado no responde la pregunta decisiva: cuánto de ese dinero crea capacidad que antes no existía. Para 2024, señala, 77.8% de la IED correspondió a utilidades reinvertidas y 8.6% a nuevas inversiones de capital. Las reinversiones pueden sostener producción y empleos existentes, pero no significan automáticamente nuevas redes de investigación, tecnología o proveedores nacionales.

La inversión nacional mostró debilidad, aunque en 2026 hubo recuperación

El contraste fue particularmente visible durante 2025. A septiembre de ese año, la formación bruta de capital fijo acumulaba una caída real anual de 7.6%; la inversión privada disminuía 5.2% y la pública 20.2%, según cifras del INEGI.

Eso no significa que la inversión haya continuado cayendo de manera permanente. Para el segundo trimestre de 2026, la formación bruta de capital fijo registró un crecimiento anual de 3.5% en cifras desestacionalizadas. El dato introduce un matiz importante: la debilidad de 2025 fue real, pero la trayectoria comenzó a mejorar durante 2026.

Precisamente por eso, el diagnóstico de Mazzucato no se concentra solamente en cuánto dinero entra o sale, sino en qué construye esa inversión. En una entrevista para El País, la economista sostuvo que México necesita dejar de funcionar únicamente como plataforma manufacturera de bajo costo y desarrollar capacidades tecnológicas y productivas propias.

La inversión pública cayó justo cuando el Plan México pide invertir más

El informe identifica otra contradicción. La inversión pública alcanzó 4.5% del PIB en 2010 y nuevamente en 2014, bajó a 3.1% en 2024 y llegó a aproximadamente 2.2% en 2025. Además, la inversión física pública disminuyó 28.4% en términos reales durante 2025.

Para Mazzucato y Merling, reducir esa inversión puede complicar los propios objetivos del Plan México porque carreteras, sistemas de agua, redes energéticas, infraestructura sanitaria y conocimiento público son parte de la plataforma sobre la que posteriormente invierte el sector privado.

El Gobierno federal, por su parte, anunció en febrero de 2026 un Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que contempló 722 mil millones de pesos adicionales durante el año y una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos hacia 2030 en energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Qué propone Mazzucato para que los planes funcionen juntos

La propuesta reorganiza prioridades gubernamentales alrededor de áreas que obligan a varias dependencias y sectores a trabajar simultáneamente: capacidad productiva nacional, seguridad hídrica, salud para todos, soberanía energética y soberanía alimentaria. La idea es evitar que agua, industria, financiamiento, energía o desarrollo regional se ejecuten como políticas independientes.

Por ejemplo, construir un parque industrial no resuelve por sí mismo el problema productivo si el territorio carece de energía suficiente, disponibilidad de agua, infraestructura logística, proveedores locales o financiamiento para empresas pequeñas y medianas.

El documento también propone coordinar a Nafin, Banobras, Bancomext, Fonadin y FIRA como un sistema de financiamiento para el desarrollo bajo una dirección más articulada, en vez de permitir que cada institución opere principalmente mediante objetivos y mandatos separados.

Otro de sus puntos centrales son las condiciones asociadas al dinero público. Si una empresa obtiene financiamiento, contratos, concesiones u otras formas de apoyo estatal, Mazzucato y Merling plantean que el Gobierno pueda exigir reciprocidad: inversión productiva, incorporación de proveedores nacionales, empleos dignos, reinversión y resultados compatibles con los objetivos públicos.

Ese enfoque coincide con uno de los objetivos originales del Plan México: utilizar las compras públicas para fortalecer la producción nacional. Un ejemplo posterior es el acuerdo para incrementar el contenido mexicano en las adquisiciones de acero realizadas por instituciones federales.

El informe también toca un tema que el Gobierno ha evitado: los impuestos

La investigación sostiene que una estrategia de desarrollo requiere una base suficiente de ingresos públicos. Entre las opciones que revisa aparecen impuestos sobre grandes patrimonios, herencias o sucesiones, una mayor recaudación predial, cambios en el tratamiento de ganancias de capital y dividendos, gravámenes al sector financiero y cobros temporales sobre ganancias extraordinarias.

El informe no plantea que todas esas alternativas deban aplicarse de la misma manera. Su argumento es que el diseño debe proteger la inversión productiva y concentrar una mayor carga en riqueza y rentas económicas, en lugar de aplicar medidas regresivas. Mazzucato también hizo esa distinción al abordar el tema fiscal en entrevista.

Sheinbaum ya aceptó discutir una organización distinta

La reacción presidencial convierte el informe en algo más que un ejercicio académico. El 24 de septiembre, Sheinbaum explicó que Mazzucato había analizado cómo reorganizar al Gobierno para cumplir los objetivos del Plan México y adelantó que trabajarán talleres para evaluar la propuesta.

La Presidenta mencionó programas como Olinia y el plan de vivienda como ejemplos de políticas que podrían convertirse en motores de innovación en materiales, energía y tecnología si diferentes dependencias y capacidades se alinean alrededor de un objetivo común.

El desafío que dejan Mazzucato y Merling no es, entonces, determinar únicamente cuántos miles de millones de dólares logra atraer México. La verdadera prueba será verificar cuántos proveedores mexicanos crecen, cuánta tecnología se desarrolla dentro del país, cuánto mejora la productividad, qué empleos se crean y si agua, energía e infraestructura avanzan al mismo ritmo que las nuevas fábricas.