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El Senado aprueba la Ley para impulsar financiamiento mixto de proyectos estratégicos, permitiendo que el Gobierno Federal utilice recursos de las Afores para compensar la caída del 28.4% en la inversión pública en infraestructura

El Senado de México aprueba la Ley de Infraestructura Estratégica que permite usar fondos de las Afores para financiar obras públicas bajo Esquemas de Participación Mixta.

El Senado aprueba la Ley para impulsar financiamiento mixto de proyectos estratégicos, permitiendo que el Gobierno Federal utilice recursos de las Afores para compensar la caída del 28.4% en la inversión pública en infraestructura

MÉXICO.- El Senado de la República ha dado un paso decisivo en la política económica del país al aprobar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta legislación transforma radicalmente la forma en que el Gobierno Federal obtiene recursos para construir aeropuertos, trenes y carreteras.

El cambio más relevante es la sustitución del modelo de Asociaciones Público-Privadas por los Esquemas de Participación Mixta, una herramienta que permitirá al Estado acceder al ahorro de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para fondear proyectos de gran escala.

Según lo establecido en el dictamen oficial aprobado por la Cámara de Senadores, esta reforma busca compensar una caída del 28.4% en la inversión pública reciente. Con este nuevo marco jurídico, el Estado mexicano garantiza mantener la propiedad de las obras, mientras que el sector privado y los ahorros institucionales actúan como el motor financiero para detonar el desarrollo nacional.

El Senado de la República aprobó la reforma al 123 Constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual hasta 2030 y regula las horas extras semanales. /El Universal

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¿Qué son los Esquemas de Participación Mixta y cómo funcionan?

A diferencia de los modelos anteriores, donde la empresa privada solía tener un control mayor sobre la obra, la nueva ley establece que la rectoría es exclusivamente pública. Para lograr esto, se utilizarán herramientas financieras llamadas Vehículos de Propósito Específico.

  • Fideicomisos: Funcionarán como cuentas separadas para que el dinero de cada obra esté protegido y no se mezcle con otros gastos.
  • Aislamiento de riesgos: Estas sociedades permiten que, si una obra enfrenta problemas, el riesgo financiero no afecte directamente a todo el presupuesto federal.
  • Rectoría del Estado: Las empresas privadas participan como socias o contratistas, pero nunca como dueñas de la infraestructura estratégica.

Proyectos prioritarios: Blindaje contra recortes

La ley no se aplicará a cualquier obra pequeña. El enfoque está en proyectos de infraestructura estratégica que tengan impacto a largo plazo. Para esto, se creará un Consejo de Planeación Estratégica, el cual será presidido por la titular del Ejecutivo federal.

Este consejo decidirá qué obras son catalogadas como “prioritarias”. Una vez que un proyecto recibe esta etiqueta, cuenta con una protección especial: no podrá sufrir recortes presupuestales, asegurando que las obras se terminen en tiempo y forma. Esto pretende evitar el problema histórico de las obras inconclusas que han afectado las finanzas del país.

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El debate sobre el uso de las Afores y los ahorros de los trabajadores

La aprobación de esta ley no fue unánime. Con 84 votos a favor, la mayoría parlamentaria logró avanzar el proyecto, pero los partidos de oposición expresaron preocupaciones serias sobre el patrimonio de los mexicanos.

“El uso de los fondos de las Afores, que superan los seis billones de pesos, pone en riesgo el ahorro de los trabajadores”

—  Advierten legisladores del bloque opositor

Además, voces críticas como la de la senadora Claudia Anaya señalaron que registrar estos gastos como pasivos contingentes podría generar un “subregistro de deuda pública”. Esto significa que el país podría estar adquiriendo compromisos financieros que no se ven reflejados claramente en las cuentas oficiales, lo que eventualmente podría impactar la calificación crediticia de México.

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Beneficiarios y sectores incluidos

La legislación tiene un alcance amplio que busca integrar a sectores que anteriormente quedaban fuera de las grandes inversiones:

  1. Gobierno Federal: Recupera el control operativo y reactiva la construcción a nivel nacional.
  2. Sector Social: Se incluye por primera vez la participación activa de cooperativas, ejidos y comunidades en la gestión de proyectos locales.
  3. Iniciativa Privada: Obtiene un marco legal claro para invertir bajo una distribución de riesgos compartida con el sector público.

Próximos pasos y entrada en vigor

La ley ha sido turnada al Ejecutivo federal para su promulgación. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas reglas entrarán en vigor de forma inmediata.

Como parte de los cambios complementarios, también se reformó la Ley Federal de Presupuesto para dar flexibilidad a las contrataciones. Ahora, el gobierno podrá iniciar licitaciones incluso antes de tener el dinero total en mano, siempre y cuando se garantice que los recursos estarán disponibles antes de firmar el contrato definitivo.

Además, para proteger el gasto social, se excluyeron los salarios de médicos, maestros y policías del concepto de “gasto corriente estructural”, facilitando el flujo de recursos hacia la nueva infraestructura.

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