Diputados aprueban con mayoría calificada eliminar las “pensiones doradas” con un tope de 70 mil pesos mensuales; la reforma pasa a los congresos locales

MÉXICO.- El panorama de las pensiones en México está por transformarse de manera profunda. Este 25 de marzo de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con una contundente mayoría de 458 votos, la reforma al artículo 127 de la Constitución. El objetivo es claro: eliminar las jubilaciones excesivas que perciben exservidores públicos de alto nivel, conocidas popularmente como “pensiones doradas”.

De acuerdo con el dictamen oficial de la Cámara, estas remuneraciones ya no podrán superar el 50% del sueldo del titular del Ejecutivo Federal. Con este paso, la iniciativa se traslada ahora a los congresos locales, donde requiere la aprobación de al menos 17 estados para integrarse formalmente a la Constitución y proceder a su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

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El nuevo límite: ¿A cuánto ascenderán las pensiones máximas?

La reforma establece un criterio de equidad salarial que impactará directamente en los ingresos de miles de exfuncionarios. Bajo la nueva normativa, ninguna jubilación del servicio público podrá exceder los 70 mil pesos mensuales aproximadamente.

Esta medida busca corregir desigualdades extremas en el presupuesto público. Actualmente, existen registros de pensiones que alcanzan el millón de pesos al mes, una cifra que el Gobierno de México considera insostenible. Según datos compartidos durante la sesión legislativa, las entidades con mayor número de casos detectados son:

• Pemex: 22,000 personas con pensiones superiores al sueldo presidencial.
• Luz y Fuerza del Centro (en liquidación): Más de 3,500 beneficiarios en la misma situación.
• Otras instituciones: Funcionarios de CFE, Nacional Financiera y Banobras también verán ajustados sus ingresos.

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Impacto económico y la aplicación de la ley

El beneficio proyectado para las finanzas del país es significativo. El Gobierno Federal estima que este ajuste generará un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, el punto más relevante y debatido de la reforma es su carácter retroactivo.

Esto significa que no solo aplicará para quienes se jubilen en el futuro, sino que las pensiones que hoy superan el límite de 70 mil pesos deberán reducirse de inmediato para alinearse con el nuevo mandato constitucional. Para el ciudadano común, esto implica una redistribución del gasto público hacia otras áreas prioritarias del presupuesto nacional.

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Voces críticas: ¿Qué dice la oposición sobre la reforma?

A pesar de que la votación alcanzó la mayoría calificada con apoyo de diversas bancadas, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron puntos que consideran riesgosos para la estabilidad jurídica del país. Las principales preocupaciones vertidas en la tribuna se centran en:

1. Inseguridad jurídica: Se argumenta que la retroactividad podría violar derechos laborales ya adquiridos por los trabajadores, lo que probablemente desencadenará una ola de amparos y litigios masivos.
2. Excepciones bajo la lupa: Diversos diputados calificaron la reforma como “selectiva”, cuestionando por qué no se incluyó en este recorte a los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

“La reforma es selectiva y discrecional al conservar los privilegios de ciertos sectores”, señalaron voces de la oposición durante el debate.

¿Qué sigue para que esta reforma sea una realidad?

Para que usted pueda ver este cambio reflejado en la ley, la reforma debe cumplir con el proceso de ratificación estatal. Al tratarse de un cambio constitucional, la mitad más uno de los congresos locales (17 de 32 estados) deben dar su visto bueno. Una vez cumplido este requisito, la Presidenta de la República podrá firmar el decreto para su publicación definitiva.

Este movimiento legislativo marca un precedente en la administración de los recursos del Estado y redefine lo que se considera una remuneración justa para quienes dedicaron su vida profesional al servicio público en niveles directivos.