Tras la revocación del SAT a 100 organizaciones, el IMCO defiende su carácter de asociación sin fines de lucro y mantiene sus investigaciones mientras espera la resolución de un nuevo trámite presentado el 18 de noviembre

MÉXICO.- El escenario para las organizaciones de la sociedad civil en México enfrenta un ajuste administrativo importante. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a un centenar de instituciones.

Entre los organismos afectados destaca el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centro de investigación que ha fijado una postura pública para detallar los motivos técnicos de esta decisión y los pasos que está ejecutando para recuperar su registro.

De acuerdo con el comunicado emitido por el propio IMCO y los registros de la autoridad fiscal, esta situación no deriva de una falta de transparencia financiera, sino de una discrepancia administrativa en las acreditaciones necesarias.

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Esta medida también ha alcanzado a otras entidades de análisis de políticas públicas como México Evalúa y Mexicanos Primero, en lo que representa un endurecimiento de los controles de vigilancia sobre las donatarias autorizadas en el país.

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El origen del conflicto: Una acreditación sin atribuciones

La controversia legal tiene su raíz en un trámite administrativo ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Originalmente, el IMCO obtuvo una acreditación en materia de ciencia y tecnología para respaldar su estatus ante el SAT. Sin embargo, la autoridad fiscal invalidó el documento al determinar que el funcionario que emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones legales para hacerlo.

Tras este fallo, el instituto intentó tramitar nuevamente el documento ante la SECIHTI, pero la solicitud fue declarada improcedente. Ante este bloqueo técnico, el IMCO optó por una nueva estrategia: el pasado 18 de noviembre presentó ante el SAT una acreditación distinta, enfocada ahora en actividades de desarrollo social.

Actualmente, esta nueva solicitud se encuentra en proceso de revisión, y el organismo señaló que mantiene la expectativa de que el proceso se resuelva conforme a derecho.

Cumplimiento fiscal y continuidad de operaciones

Es importante precisar que la revocación no detiene las labores de la organización. El IMCO subrayó que mantiene su carácter de asociación civil sin fines de lucro y que sus investigaciones y análisis continúan realizándose bajo la legislación vigente. La institución enfatizó su historial de cumplimiento desde el año 2003, periodo en el que ha reportado puntualmente:

• Pago de impuestos y declaraciones informativas.
• Cumplimiento de los reportes de la Ley Antilavado.
• Declaraciones de transparencia sobre el uso de donativos recibidos.

A pesar de la pérdida temporal de la deducibilidad de donativos, la organización sostiene que reúne los requisitos establecidos para operar y continuará con los procesos legales necesarios para recuperar su estatus anterior.

Un contexto de mayor vigilancia fiscal

La revocación a estas 100 organizaciones forma parte de una política de supervisión más estricta por parte del SAT. El objetivo declarado de la autoridad es garantizar que todas las donatarias cumplan con los requisitos legales vigentes y demuestren de manera fehaciente sus actividades.

Este endurecimiento administrativo obliga a las asociaciones civiles a revisar meticulosamente sus acreditaciones sectoriales, ya que un error de forma por parte de las secretarías que otorgan los avales puede comprometer su capacidad para recibir fondos deducibles. La resolución del caso del IMCO sentará un precedente relevante para el resto de las organizaciones que hoy buscan regularizar su situación ante el fisco.

El proceso se mantiene en una fase de espera administrativa, donde la autoridad fiscal deberá validar si el nuevo enfoque de actividades de desarrollo social es suficiente para restituir el estatus de donataria al centro de investigación.