SAT revoca permiso para recibir donativos a 113 ONG: IMCO y México Evalúa pierden deducibilidad por falta de acreditación científica
El SAT revoca la autorización a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles.

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, ha tomado una determinación de alto impacto para el sector civil en México. A través de un documento oficial emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el propio brazo recaudador, se confirmó la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), además de la baja definitiva de otras 13 instituciones.

¿Por qué el SAT canceló estas autorizaciones?
La autoridad fiscal fundamenta esta decisión en el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de las asociaciones afectadas “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles”. Sin embargo, existen factores técnicos y legislativos específicos que explican este movimiento masivo:
- Acreditaciones vencidas: Diversas ONG perdieron su estatus al no contar con una acreditación actualizada en materia de investigación científica y tecnológica.
- Vacíos normativos: La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023 limitó la validez de constancias previas. Actualmente, el reglamento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presenta un vacío que dificulta a las organizaciones demostrar sus actividades de investigación bajo los nuevos criterios.
- Supervisión fiscal rigurosa: El SAT ha intensificado sus facultades de comprobación para asegurar que el patrimonio de estas entidades se utilice exclusivamente para los fines sociales autorizados.
Organizaciones de alto perfil entre las afectadas
El listado difundido incluye a instituciones con una larga trayectoria en el análisis de políticas públicas, la educación y la lucha contra la corrupción en el país. Entre los nombres más destacados se encuentran:
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO): Referente en el análisis de desarrollo económico.
- México Evalúa: Especializada en la evaluación de justicia y gasto público.
- Mexicanos Primero: Enfocada en el derecho a una educación de calidad.
- Mexicanos Unidos contra la Corrupción: Dedicada a la fiscalización y transparencia.
La inclusión de estos organismos subraya la magnitud de la medida, ya que se trata de entidades que dependen en gran medida de aportaciones privadas para financiar sus investigaciones y proyectos de incidencia social.

Consecuencias para el patrimonio y la operación
El impacto de perder la categoría de “Donataria Autorizada” no es solo administrativo, sino financiero y patrimonial. Según lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las organizaciones enfrentan un panorama complejo:
- Plazo de 12 meses: Si las organizaciones no logran recuperar su autorización en un año, están obligadas por ley a destinar la totalidad de su patrimonio a otra entidad que sí sea donataria autorizada.
- Riesgo de continuidad: Al no poder emitir recibos deducibles, el flujo de financiamiento podría detenerse, ya que los donantes (personas físicas o morales) no podrán restar estas aportaciones de sus propios impuestos.
- Fuga de recursos: La falta de un mecanismo claro en la Secihti para acreditar actividades de investigación deja a muchas organizaciones en un “limbo” jurídico que frena sus operaciones diarias.
Este escenario representa un desafío sin precedentes para el ecosistema de las organizaciones civiles en México. La combinación de cambios legislativos recientes y la rigidez en la supervisión fiscal obliga a las instituciones a una reestructuración profunda de sus procesos de acreditación para evitar el cierre definitivo de sus proyectos.
Es fundamental que los donantes y ciudadanos interesados sigan de cerca las aclaraciones que cada organización emita en los próximos días, así como posibles ajustes en los reglamentos de la Secretaría de Ciencia que permitan resolver los vacíos normativos señalados por los expertos.
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