Diputado de Morena propone eliminar el cobro por imprimir estados de cuenta bancarios; esto es lo que debes saber

Si alguna vez has tenido que pagar en el banco por la impresión de tu estado de cuenta, es posible que esta situación cambie en el futuro cercano.

El diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para prohibir que las instituciones financieras cobren por la emisión o impresión de estos documentos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, plantea adicionar el artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito.

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De aprobarse, los bancos estarían obligados a entregar los estados de cuenta sin costo alguno, ya sea en ventanilla o a través de medios electrónicos, sin importar el número de veces que el cliente los solicite.

¿Por qué surgió esta iniciativa?

De acuerdo con la exposición de motivos presentada por el legislador, el cobro por la impresión de estados de cuenta se ha convertido en una práctica generalizada en el sistema bancario mexicano.

Esta comisión representa, desde su perspectiva, un gasto injustificado para los usuarios y un ingreso adicional para los bancos.

El diputado argumenta que los costos reales que implica la emisión de estos documentos son mínimos y que, en esencia, ya forman parte de los gastos operativos de las instituciones financieras.

Por lo tanto, realizar un cobro extra por este concepto configura lo que califica como una “doble comisión”, contraria a los principios de proporcionalidad y transparencia establecidos en la legislación financiera.

La iniciativa subraya que esta práctica afecta de manera particular a quienes necesitan estos documentos para realizar trámites oficiales, donde la presentación de un comprobante físico sigue siendo un requisito indispensable.

El planteamiento del diputado Domínguez Rodríguez pone especial énfasis en los sectores vulnerables de la población.

Las personas adultas mayores y los usuarios que no tienen acceso regular a internet son señalados como los principales afectados por el cobro actual

Para este grupo de la población, el estado de cuenta impreso no es una preferencia, sino una necesidad, muchos trámites públicos y privados, como solicitudes de crédito, trámites notariales, gestión de apoyos gubernamentales o incluso algunos procesos migratorios, continúan exigiendo la presentación de documentación física.

La iniciativa busca eliminar esta barrera económica para que el derecho a la información financiera no esté condicionado al pago de una comisión que el legislador considera desproporcionada.

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¿Qué pasaría con los contratos bancarios vigentes?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la protección al usuario frente a las disposiciones contractuales.

La iniciativa establece que cualquier cláusula en los contratos bancarios que prevea el cobro de comisiones o cargos por la emisión o impresión de estados de cuenta se considerará nula de pleno derecho.

Esto significa que, de aprobarse la reforma, los bancos no podrían argumentar que el cobro está estipulado en el contrato firmado por el cliente.

La ley estaría por encima de esas disposiciones y los usuarios quedarían liberados de esa obligación de pago, sin necesidad de realizar trámites adicionales para impugnar la cláusula.

¿Cómo se entregan actualmente los estados de cuenta?

Hoy en día, las instituciones bancarias ofrecen diferentes modalidades para que los clientes consulten sus movimientos.

La banca electrónica y las aplicaciones móviles permiten el acceso gratuito a los estados de cuenta en formato digital.

Sin embargo, cuando el usuario requiere una copia impresa en papel, ya sea porque no maneja medios electrónicos o porque necesita el documento físico para un trámite, algunos bancos aplican un cargo.

Este cobro varía entre instituciones y, en ocasiones, se aplica incluso cuando el cliente solicita la impresión en la propia sucursal bancaria.

La iniciativa se encuentra actualmente en análisis dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Para que se convierta en ley, deberá ser discutida, dictaminada y, en su caso, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el proceso continúa en el Senado de la República.

El legislador destacó en su exposición que esta propuesta armoniza la legislación mexicana con prácticas internacionales en materia de protección al usuario financiero.

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De concretarse, México se sumaría a otros países donde el acceso a la información bancaria básica no genera costos adicionales para los clientes.