Banco del Bienestar, responsable del pago de programas sociales, estaría operando sin respaldo legal, pues sólo 431 de las 2,750 sucursales tienen papeles en regla sobre los terrenos, según un informe que expone sus fallas administrativas

CIUDAD DE MÉXICO.- En el arranque de 2026, el Banco del Bienestar enfrenta un problema estructural que va más allá de la operación diaria de sus sucursales: la falta de certeza jurídica sobre los predios donde se ubican.

Según detalla El Universal, un informe del Órgano Interno de Control del propio banco advierte que 84% de las sucursales construidas como parte de su plan de expansión operan sin instrumentos legales vigentes que acrediten formalmente el uso o la posesión de los terrenos.

La información proviene de documentos internos del Banco del Bienestar y de opiniones técnicas de exfuncionarios del sistema financiero, y ocurre en un contexto en el que la institución es clave para la dispersión de programas sociales federales, el pago de apoyos y la promoción del ahorro entre millones de beneficiarios.

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¿Cuántas sucursales están en situación irregular?

El análisis del Órgano Interno de Control revisó 2,750 sucursales correspondientes al plan de expansión más reciente. De ese total:

• Sólo 431 sucursales cuentan con algún instrumento jurídico.
• Los documentos existentes incluyen contratos de comodato, actas de asignación de uso o escrituras.
• Una parte relevante de estos documentos no está inscrita ante autoridades competentes o tiene vigencias vencidas.

Esto significa que más de 2,300 sucursales carecen de respaldo legal pleno, pese a que ya están en operación.

El plan de expansión que llevó al problema

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Banco del Bienestar sustituyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y emprendió un plan de expansión nacional.

Ese proyecto contempló la construcción de 2,750 nuevas sucursales, que se sumaron a las ya existentes, hasta conformar una red de 3,149 sucursales, la más grande del sistema bancario mexicano.

La construcción de los inmuebles estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en 2024 se firmaron las actas finiquito para formalizar la entrega física de los edificios al banco.

Entrega física sin respaldo legal

El informe interno detalla que, al momento de la entrega:

• Sólo 212 sucursales tenían acreditado legalmente el uso o posesión del predio.
• Más de 2,500 inmuebles quedaron pendientes de regularización jurídica.

Aunque las sucursales fueron construidas y entregadas físicamente, no se completó el proceso legal para asegurar la tenencia formal de los terrenos. El documento subraya que, aun cuando el plan de expansión ya concluyó, no se implementaron acciones suficientes para regularizar los predios.

Fallas administrativas y riesgo institucional

El propio informe del Órgano Interno de Control señala deficiencias internas en el proceso de regularización. Entre las más relevantes, destaca que:

“No se estableció una estructura organizacional que permita de manera clara y sencilla responsabilizar al personal en sus funciones y obligaciones específicas; no se establecieron metas ni objetivos institucionales; no se identificaron riesgos de corrupción en las gestiones del proceso; no se integraron en los expedientes físicos y electrónicos documentos que demuestran las gestiones para la obtención de cada instrumento jurídico que acredita el uso o posesión legal de 2,319 predios”.

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Este rezago ocurre mientras el banco opera como eje central del sistema de pagos de programas sociales, lo que incrementa la relevancia del problema desde una perspectiva operativa y de control institucional.

Predios en comodato, kioscos y terrenos militares

El expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, explicó que muchas sucursales ni siquiera cuentan con contratos de arrendamiento, ya que fueron entregadas en comodato o préstamo.

Hay lugares en donde hay una sucursal de banco en terrenos de una base militar. En otros, son kioscos, como uno que está en Avenida Universidad y la calle Pitágoras”, señaló.

Este tipo de esquemas, explicó, limita la certeza jurídica de largo plazo y complica cualquier proceso de regularización posterior.

Posibles incumplimientos a la normativa bancaria

Más allá del tema de los predios, Di Costanzo advirtió que el problema más delicado podría estar dentro de las propias instalaciones, ya que varias sucursales no cumplirían con la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Hay una circular que establece las condiciones mínimas que debe tener una sucursal: vidrios antibalas, espacio para el gerente, área para prevención de lavado de dinero, zonas separadas para cajeros y un acceso controlado para el manejo de valores que no esté frente al público”.

También recordó que existen disposiciones que prohíben colocar cajeros automáticos en lugares aislados o sin vigilancia, una condición que no siempre se cumple en las sucursales del Banco del Bienestar.

Cajeros rentados y esquemas atípicos

El especialista recordó que, desde el inicio del proyecto, hubo polémica por el equipamiento de las sucursales.

“Muchos de esos cajeros se los rentó Banjército”, señaló, al referirse a esquemas que se apartan de la práctica común del sistema bancario.

¿Por qué importa este rezago jurídico?

La falta de instrumentos legales vigentes no implica un cierre inmediato de sucursales, pero sí representa:

• Riesgos legales sobre la permanencia de los inmuebles.
• Dificultades para invertir en mantenimiento o ampliaciones.
• Vulnerabilidad ante disputas por la propiedad o uso del terreno.
• Debilidades en control interno y cumplimiento normativo.

Todo esto ocurre en una institución que maneja recursos públicos y atiende a millones de beneficiarios, lo que coloca el tema en el centro del debate sobre gestión, legalidad y supervisión del sistema financiero público en México.

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