SAT aplicará estos procesos para quienen “simulen” facturación; podría costarte desde el congelamiento de tu cuenta hasta 9 años de prisión

Ciudad de México.- A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con facultades de fiscalización más amplias y severas, tras las reformas al Código Fiscal de la Federación aprobadas por el Congreso. Aunque el objetivo oficial es combatir a las llamadas “factureras”, fiscalistas y especialistas advierten que las nuevas reglas podrían ser abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes, empresas y la economía en general.

Las modificaciones legales buscan acelerar la detección y sanción de comprobantes fiscales falsos, pero reducen de manera significativa los tiempos de aclaración y defensa, lo que coloca a personas físicas y morales en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la autoridad fiscal.

Proceso exprés contra facturas falsas

Uno de los cambios más relevantes es la creación de un procedimiento exprés para que el SAT determine si una factura es falsa o simulada.

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Con este mecanismo, la autoridad podrá presumir irregularidades en plazos muy cortos, obligando al contribuyente a responder bajo presión y con márgenes limitados para reunir pruebas.

Fiscalistas señalan que este esquema rompe el equilibrio entre autoridad y contribuyente, ya que cualquier error administrativo o diferencia de criterio podría derivar en sanciones inmediatas.

Cárcel y prisión preventiva, el mayor temor

Las reformas también armonizan el marco fiscal con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la puerta a que un juez ordene cárcel automática hasta por 9 años para cualquier actividad vinculada con factureras.

Esto no solo incluye a quienes emiten facturas falsas, sino también a quienes las reciben, incluso si no tenían conocimiento de la irregularidad.

Especialistas advierten que este enfoque criminaliza operaciones comerciales y genera un entorno de incertidumbre jurídica para empresas y profesionistas.

Suspensión inmediata de facturación y congelamiento de empresas

Otro punto crítico es la facultad del SAT para suspender de inmediato la emisión de facturas, dejando a empresas sin posibilidad de operar mientras se define su situación legal.

Para los expertos, esta medida equivale a un “castigo anticipado”, ya que una empresa puede quedar paralizada, sin ingresos ni liquidez, antes de que exista una resolución definitiva, poniendo en riesgo empleos y contratos.

Publicación de nombres y presión a terceros

Las nuevas atribuciones también contemplan la publicación de nombres de presuntos factureros, aun cuando no exista sentencia firme, lo que podría afectar gravemente la reputación comercial de personas y compañías.

Además, el SAT podrá imponer plazos muy cortos a terceros —clientes, proveedores o socios— para que entreguen información, bajo la amenaza de sanciones, generando un efecto dominó de presión fiscal en cadenas productivas completas.

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Visitas sin orden judicial y fiscalización digital en tiempo real

Entre las medidas más controvertidas se encuentra la posibilidad de realizar visitas domiciliarias sin orden judicial, así como la fiscalización en tiempo real de operaciones digitales, incluyendo movimientos electrónicos y plataformas en línea.

Especialistas alertan que estas acciones amenazan la privacidad, amplían la discrecionalidad de la autoridad y pueden derivar en abusos, especialmente para pequeños y medianos contribuyentes que no cuentan con asesoría legal permanente.

Riesgos para la economía y el empleo

Fiscalistas coinciden en que, si bien el combate a la evasión es necesario, el enfoque adoptado por el SAT en 2026 podría generar efectos negativos colaterales, como:

• Mayor incertidumbre jurídica
• Freno a la inversión
• Cierre temporal o definitivo de empresas
• Pérdida de empleos
• Sobrecarga administrativa para contribuyentes cumplidos

Llamado a revisar y acotar las facultades

Ante este escenario, expertos en derecho fiscal han llamado a revisar y acotar las nuevas facultades del SAT, a fin de garantizar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y un equilibrio entre la lucha contra la evasión y la protección de la actividad económica formal.

Mientras tanto, recomiendan a empresas y personas físicas reforzar su cumplimiento fiscal, verificar cuidadosamente a sus proveedores y contar con asesoría especializada, ante un entorno de fiscalización que será mucho más estricto a partir de 2026.

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