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Diputada promueve reforma para agilizar entrega de títulos profesionales en universidades privadas

Algunos egresados de universidades privadas han esperado más de dos o tres años, lo que vulnera sus derechos al trabajo digno y a la educación

Diputada promueve reforma para agilizar entrega de títulos profesionales en universidades privadas

MÉXICO.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Hilda Magdalena Licerio Valdés impulsa una reforma para agilizarla entrega de títulos profesionales en universidades privadas.

La legisladora presentó una iniciativa para modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, con el objetivo de establecer un plazo máximo de 90 días naturales para que las instituciones particulares expidan títulos profesionales, diplomas, certificados y grados académicos, una vez que el egresado haya cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación para su análisis, busca atender una problemática recurrente, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, donde miles de egresados esperan meses o incluso años por su título, lo que les impide obtener su cédula profesional, acceder a empleos formales, o continuar estudios de posgrado.

Problema identificado en universidades privadas

En universidades privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios, uno de cada cuatro egresados no recibe su título en tiempo razonable.

Algunos han esperado más de dos o tres años, lo que vulnera sus derechos al trabajo digno y a la educación.

La ausencia de plazos legales permite retrasos injustificados por parte de las instituciones, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

Propuesta clave de diputados

  1. Establecer un plazo máximo de 90 días naturales para la expedición del título, contados a partir del cumplimiento total de requisitos por parte del egresado.
  2. Fomentar la eficiencia administrativa, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos en el sistema educativo superior.
  3. Fortalecer el marco legal para construir un país más justo, equitativo y competitivo.

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