Adiós pensiones millonarias: A quién le quiere quitar Claudia Sheinbaum esos beneficios “ofensivos para el pueblo de México”

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado que está analizando impulsar una reforma constitucional con el objetivo central de regular y eliminar las llamadas “pensiones millonarias” que perciben exfuncionarios de empresas paraestatales, principalmente de periodos de administraciones anteriores a la actual (etapa que el gobierno actual denomina “neoliberal”). La medida busca corregir lo que se considera una injusticia y un uso inequitativo de los recursos del erario nacional.

Declaraciones de la Presidenta Sheinbaum: La justificación

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum calificó estas pensiones como “ofensivas para el pueblo de México”. Argumentó que es contradictorio que existan casos de exfuncionarios que reciben sumas mensuales que superan por mucho el salario de la propia Jefa del Ejecutivo, mientras que otros trabajadores, especialmente los de la extinta Luz y Fuerza del Centro, fueron abandonados.

• Un llamado voluntario: Sheinbaum informó que se ha extendido una invitación a los exfuncionarios beneficiados para que, de manera voluntaria, se acerquen a la Secretaría de Anticorrupción y lleguen a un acuerdo para recibir una “pensión modesta” en lugar de la millonaria.

Las cifras que alarman al Gobierno

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó datos concretos que ilustran la magnitud del problema:

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• Caso Luz y Fuerza del Centro (LyFCL):
• Monto anual pagado: 28,074 millones de pesos.
• Beneficiarios: 14,073 extrabajadores.
• Detalle crítico: De ellos, 9,457 (67%) reciben entre 100,000 y 1 millón de pesos mensuales. Dentro de este grupo, 3,504 tienen una jubilación que supera el sueldo neto de la Presidenta.
• Caso Pemex:
• Monto anual pagado: 24,844 millones de pesos.
• Beneficiarios: 22,316 personas jubiladas.
• Detalle crítico:
• 544 jubilados reciben más que el sueldo de la Presidenta (sumando 1,827 millones de pesos en total).
• 618 casos tienen una pensión mayor al sueldo anual bruto del Director General de Pemex.

Acciones inmediatas y plan de trabajo

Más allá de la posible reforma constitucional (que sería una medida a largo plazo por su complejidad legislativa), el gobierno ya ha iniciado una estrategia multifacética:

1. Mesas de trabajo: Se han establecido con la participación de instituciones como la Consejería Jurídica, IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE, SHCP y la propia Secretaría de Anticorrupción. El objetivo es revisar la legalidad de cada uno de estos esquemas de pensiones.
2. Circular normativa: Se emitirá una circular para estandarizar y regular los requisitos de los “pases de supervivencia” (el trámite que garantiza que el pensionado sigue vivo para seguir recibiendo el pago), evitando fraudes.
3. Actualización de padrones: Se firmarán convenios con el RENAPO y los registros civiles para depurar y actualizar de forma ágil la lista de pensionados, eliminando nombres de fallecidos, por ejemplo.
4. Homologación de expedientes: Se emitirá un oficio para unificar la integración de los expedientes de todos los pensionados, haciendo más transparente y eficiente su gestión.

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Contexto adicional: La investigación en EEUU a exfuncionarios de Pemex

La secretaria Buenrostro también se refirió a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos exfuncionarios de Pemex por presunto soborno. Aclaró que:

• El gobierno mexicano mantiene una política de “cero impunidad”.
• Pemex tuvo conocimiento de estas investigaciones desde abril de 2024 y, según la funcionaria, ya había implementado acciones preventivas y sanciones desde 2020, antes incluso de que existiera la investigación estadounidense.
• Destacó que los exfuncionarios involucrados (Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga) trabajaron en administraciones previas a la del Presidente López Obrador.
• De cuatro contratos investigados, dos se firmaron en gobiernos anteriores, uno se canceló por irregularidades en 2020 y otro se concluyó anticipadamente. Pemex inició además cinco auditorías internas.

El anuncio de una posible reforma constitucional marca un paso en la ofensiva del gobierno de Claudia Sheinbaum contra lo que considera privilegios heredados del pasado. El enfoque es claro: priorizar el gasto público hacia los programas sociales y la población más vulnerable, recortando beneficios considerados excesivos para unos cuantos.

El camino para una reforma de este tipo será complejo, ya que requiere de una mayoría calificada en el Congreso y posiblemente la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Sin embargo, el anuncio envía un fuerte mensaje político y establece una batalla ideológica y legal sobre la legítima retribución a exservidores públicos versus lo que se define como un abuso al erario.