El pago de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego al SAT tendría un impacto catastrófico en la salud financiera de su imperio empresarial

CIUDAD DE MÉXICO.-El corazón del conflicto fiscal entre Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no solo radica en la cifra multimillonaria, sino en el impacto catastrófico que su pago tendría en la salud financiera de su imperio empresarial, según la argumentación del propio magnate.

La afirmación central: “Literalmente quieren quebrarme”

Ricardo Salinas Pliego, líder de Grupo Salinas (TV Azteca, Banco Azteca, Elektra), ha utilizado una métrica concreta y poderosa para defender su postura: la comparación directa de la deuda exigida con las utilidades anuales de todas sus empresas.

En su entrevista con Código Magenta, el empresario sostuvo que el SAT y el gobierno federal le exigen el pago de aproximadamente 70,000 millones de pesos (MDD), una cifra que la Presidenta Claudia Sheinbaum precisó en 74,000 MDP.

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Frente a esto, la declaración clave de Salinas Pliego fue:

“Esto representa cinco años de utilidades de todo el grupo.”

Esta afirmación es el pilar de su argumento de que existe una persecución política con intención de quiebra, ya que pagar dicha cantidad de una sola vez drenaría por completo la capacidad de reinversión, crecimiento y supervivencia de sus compañías.

Desglose y contexto de la equivalencia

Para entender la magnitud de esta comparación, es necesario analizarla:

1. Cálculo de utilidades anuales implícito:
1. Si 70,000 - 74,000 MDP equivalen a 5 años de utilidades, podemos calcular un promedio anual.
2. Utilidad Anual Promedio del Grupo = 74,000 MDP / 5 años = 14,800 MDP anuales.
2. Perspectiva empresarial:
1. Para cualquier empresa, destinar el equivalente a cinco años completos de ganancias al pago de una sola obligación (fuera de la operación normal) es un evento extraordinario y potencialmente devastador.
2. Esto no solo afectaría la liquidez inmediata, sino que paralizaría cualquier plan de expansión, innovación o inversión durante ese periodo, dando ventajas competitivas abrumadoras a sus rivales.
3. El contraste con su argumento de “pago justo”:
1. Salinas Pliego contrasta esta exigencia con el acuerdo que él afirma tener por 7,500 MDP. Esta cifra, según su lógica, sí sería manejable dentro de la estructura financiera de su grupo, representando a penas medio año de utilidades (basado en el cálculo anterior).
2. Su narrativa es que el gobierno pasó de pedirle una cantidad “asumible” a exigirle una cantidad “quebrante”.

La réplica del gobierno: La deuda es previa y legal

La Presidenta Sheinbaum tiene una postura que invalida la premisa de Salinas:

• La deuda no es una “exigencia nueva”: El gobierno enfatiza que este adeudo es el resultado de 16 años de litigios (desde 2007-2010), intereses y recargos acumulados por una estrategia de defensa legal que ha postergado el pago.
• El Estado de Derecho: La afirmación central de Sheinbaum es que “ningún tribunal le ha dado la razón”. Desde la perspectiva gubernamental, la deuda es legítima, legal y está avalada por el sistema judicial. Por lo tanto, su monto no es una “invención persecutoria”, sino el resultado de un proceso legal que el empresario ha logrado alargar por más de una década.
• El mensaje implícito: La postura oficial sugiere que el hecho de que la deuda sea grande en relación a las utilidades no la hace ilegítima; simplemente refleja el tamaño del adeudo evadido durante años.

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Dos visiones irreconciliables

La métrica de "años de utilidades" utilizada por Ricardo Salinas Pliego es efectiva para trasladar el debate de lo técnico-jurídico a lo tangible:

• Para Salinas, es la prueba de que el objetivo no es recaudar, sino neutralizarlo económicamente como castigo por su disidencia y como una forma de forzar la pérdida de sus concesiones.
• Para el Gobierno, es una consecuencia natural de hacer cumplir la ley con una deuda vieja, grande, y que ha crecido durante años de impugnaciones. El tamaño de la deuda respecto a las utilidades es, desde esta óptica, un problema generado por la estrategia de dilación del propio deudor.

En esencia, la disputa se reduce a si los 74,000 millones de pesos son:

• (A) Un instrumento político de destrucción financiera, como alega Salinas.
• O (B) Una obligación fiscal legal, acumulada y pendiente, como sostiene el gobierno.

La resolución final definirá no solo el futuro de Grupo Salinas, sino también los límites del poder fiscal del Estado frente a los grandes contribuyentes.