Calificadoras podrían degradar a México en 2025 por reforma judicial, advierte banco suizo Julius Baer ¿Qué consecuencias puede tener?
Después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa se encuentra actualmente en el Senado.
El banco suizo Julius Baer ha alertado sobre el riesgo de que las agencias calificadoras degraden la asignación crediticia de México para 2025, debido al avance de la reforma judicial en el país. Según el análisis “México: avance de la Reforma Judicial” elaborado por Eirini Tsekeridou, analista de Renta Fija del banco, los mercados financieros han mostrado preocupación por el impacto potencial que esta reforma podría tener en el Estado de derecho.
Uno de los puntos más destacados del análisis es que la reforma fomenta la concentración de poder entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, lo que podría reducir la supervisión y la rendición de cuentas. Esto ha generado inquietud entre inversionistas, impactando el tipo de cambio y provocando la depreciación del peso mexicano, que ha caído un 0.24% desde el miércoles. Con este ajuste, la moneda nacional ha acumulado una pérdida del 15% frente al dólar en lo que va del año.
Ante este contexto, Julius Baer ajustó su previsión para el tipo de cambio a tres meses, estimando que el dólar podría alcanzar los 20 pesos. Además, señaló que la volatilidad también está influenciada por el riesgo de una desaceleración económica en Estados Unidos y el desmantelamiento de operaciones financiadas en yenes japoneses bajo el esquema de carry trade.
Propuesta de reforma judicial: jueces elegidos por voto popular
El análisis destaca que una de las principales propuestas de la reforma es que los jueces del país, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular en 2025 y 2027. Esta medida ha generado temores de que las decisiones judiciales puedan estar influenciadas por intereses políticos, lo que podría afectar la independencia del poder judicial.
Después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa se encuentra actualmente en el Senado, donde Morena está a solo dos escaños de lograr una supermayoría. Se espera que la votación en el Senado se lleve a cabo el próximo miércoles, y de ser aprobada, la reforma también deberá ser discutida en los congresos locales.
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¿Qué implica esto?
Cuando las agencias calificadoras degradan la calificación crediticia de un país, esto tiene varias implicaciones significativas, tanto en el ámbito económico como en el financiero. Aquí algunos de los principales efectos:
- Aumento del Costo de Financiamiento: Una degradación de la calificación crediticia indica que el país es percibido como más riesgoso para los inversores. Esto lleva a un aumento en el costo de financiamiento, ya que el gobierno y las empresas deberán ofrecer mayores tasas de interés para compensar el riesgo adicional, elevando el costo de emitir deuda pública o privada.
- Salida de Inversiones Extranjeras: La percepción de mayor riesgo puede desencadenar una salida de capitales, ya que los inversionistas extranjeros buscan activos más seguros. Esto puede generar una presión sobre la moneda local, causando una devaluación, y provocar inestabilidad en los mercados financieros nacionales.
- Impacto en la Confianza de los Inversionistas: Las calificaciones crediticias son utilizadas por los inversionistas como una guía sobre la capacidad y voluntad del país para cumplir con sus compromisos financieros. Una degradación puede dañar la confianza de los inversionistas y reducir la atracción de nuevas inversiones, tanto en deuda como en proyectos de infraestructura o desarrollo.
- Devaluación de la Moneda: Un aumento del riesgo percibido también puede llevar a la devaluación de la moneda local, ya que los inversores tienden a vender la divisa nacional. Esto encarece las importaciones, lo que puede elevar la inflación y afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
- Presión Fiscal: Con mayores costos para financiar deuda, el gobierno puede verse forzado a ajustar sus finanzas públicas, lo que podría llevar a recortes en el gasto público o a un aumento de impuestos. Esto puede afectar programas sociales y la inversión pública en infraestructura, ralentizando el crecimiento económico.
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