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Columnas ANÁLISIS SIN FRONTERAS

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A pesar de ser una capitulación del Estado ante la capacidad de las organizaciones criminales, por lo menos la idea era que gente inocente sufriría menos.

Por Ana María Salazar

En la entrega anterior escribí sobre la pax narca como una política de Estado para reducir en el corto plazo algunos de los efectos del crimen organizado en poblaciones y ciudades. Es una estrategia donde se negociaba reducir la violencia en contra de los ciudadanos a cambio de que el Estado volteara la cara y no persiguiera con ahínco a un grupo o un líder criminal.
A pesar de ser una capitulación del Estado ante la capacidad de las organizaciones criminales, por lo menos la idea era que gente inocente sufriría menos.
Sin embargo, esa no es la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No va a enfrentar a las organizaciones criminales (porque esa es la estrategia de los conservadores, según AMLO). Tampoco busca una pax narca, ni negociar, porque sabemos que en este momento las organizaciones no tienen miedo al Estado mexicano, gracias al discurso del Presidente.
La estrategia para el combate a la histórica ola de violencia que vivimos es combatir la corrupción, promover programas de desarrollo y culpar a las anteriores administraciones.
Así de sencillo. Y obviamente ya estamos viviendo las consecuencias de vivir en un País que permite que organizaciones criminales tomen control territorial sobre áreas urbanas, el mejor ejemplo es Culiacán. Ahora están tomando control sobre industrias fundamentales para México: Minería, hidrocarburos, transporte, etcétera. Y seguramente buscarán estas organizaciones afianzar sus capacidades de control apoyando a más candidatos (amenazando y asesinando a sus contrincantes políticos) para un puesto de elección popular en las intermedias del 2021.
¿Y por qué no? El presidente López Obrador ha sido muy claro: No quiere una guerra, no los quiere enfrentar, la apuesta es a largo plazo, no quiere ser como los neoliberales ni conservadores.
Más allá de los reclamos de diferentes partes de la sociedad, que se intensificaron en las últimas dos semanas debido a la reacción del Gobierno al operativo fallido en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, ahora el jalón de orejas viene del presidente Donald Trump en una serie de tuits.
Y la conferencia de prensa de AMLO y su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirma más y más por qué otros gobiernos estarán poniendo atención a lo que sucede en México: El País se está volviendo un foco de ingobernabilidad que puede afectar inversiones, fortalecer grupos del crimen organizado que tienen tentáculos en otros países, amenazar a extranjeros y asustar turistas.
En el caso de Trump, el reclamo tiene justificación: Las mujeres y los niños que fueron asesinados eran ciudadanos estadounidenses, a una corta distancia de la frontera con Estados Unidos.  
Y la reacción del Presidente fue subrayar el argumento de la soberanía y, de nuevo, culpar a las administraciones pasadas.
Pero ni AMLO ni su gabinete de seguridad han podido poner sobre la mesa una estrategia para enfrentar organizaciones asesinas que tienen como rehén parte del País.  
Y aunque podríamos decir que el presidente Trump fue “respetuoso” en su demanda de que México haga algo, no significa que Estados Unidos se quedará con las manos cruzadas.
Los vecinos se han caracterizado por asegurar que, si un grupo criminal o terrorista atentan contra estadounidenses, habrá consecuencias ahora, o décadas después. Que le pregunten a los que estuvieron involucrado en el asesinato en 1985 del agente en cubierto Enrique Camarena, en Guadalajara. O los terroristas que planearon los atentados en contra de estadounidenses alrededor del mundo. No olvidemos el asesinato por “error” del agente de ICE en 2011 en San Luis Potosí. En Estados Unidos agentes federales arrestaron a más de 500 personas que están vinculadas al cártel del sicario que mató a Zapata, y eventualmente fue extraditado, enfrentó un juicio y fue condenado.
Aquí en México nadie está hablando de perseguir a los que tomaron la ciudad de Culiacán que resultó en la muerte de 14 personas. Ni siquiera hay una recompensa o una amenaza de que eventualmente serán perseguidos y detenidos. Por eso el abogado de Ovidio Guzmán estaba abiertamente agradecido del trato a su cliente.
Los muertos ahora son niños estadounidenses, fue en la frontera y además estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales. No deba sorprender la presión que ejercerá el presidente Trump para que se esclarezca y se extradite a Estados Unidos a los asesinos de la familia LeBarón.
Pero las preguntas más preocupantes son: ¿Por qué el Presidente no escucha a los millones de mexicanos que viven en ciudades donde corren peligros a diario? ¿Quién tiene que presionar para que el presidente López Obrador haga algo para rescatar el País?


Ana María Salazar es analista política y experta en temas de seguridad.
 

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