Se acabó la impunidad
Hago un pequeño recuento de los casos más elocuentes de impunidad que caben en este espacio. Incluyo en esta lista la impunidad de la que gozan los integrantes de la administración pública federal.
Como con la corrupción, el Presidente ha decretado el fin de la impunidad. Apenas el miércoles 26 de enero declaró en la mañanera: “Yo quisiera decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio… todos van a ser investigados, los que considere la autoridad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios. Tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije que no somos iguales…” No quiero regresar a los datos duros sobre impunidad porque al ser números, por muy escalofriantes que sean, se convierten en una estadística sin rostro o referente. Vuelvo a citar a Impunidad Cero: La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de 1.04%.
Mejor hago un pequeño recuento de los casos más elocuentes de impunidad que caben en este espacio. Incluyo en esta lista la impunidad de la que gozan los integrantes de la administración pública federal en la que incluyo: a) La no investigación de presuntos delitos (aún los que se debieran perseguir de oficio); b) la no interposición de demandas por parte de la presidencia a sabiendas de que hay un delito que perseguir; c) la falta de resultados en los pocos delitos denunciados; y d) la exoneración pública a través de la palabra presidencial en las mañaneras. Impunidad es: La permanencia de Delfina Gómez en la SEP a pesar de que el INE probó y el Tribunal confirmó que cobró el diezmo a los empleados del municipio de Texcoco.
Esto es particularmente delicado cuando recordamos que el Presidente impulso una reforma que califica los delitos electorales como graves. El limbo en que se encuentran las denuncias contra dos de los hermanos del Presidente.
Las nulas consecuencias respecto de los integrantes del gabinete que mintieron u omitieron datos en sus declaraciones patrimoniales. El tráfico de influencia con los ventiladores de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, quien vendió a la delegación del IMSS en Hidalgo 20 ventiladores por un millón 550 mil pesos cada uno, 85% más caro que los ventiladores comprados al menor precio.
La empresa del ex super delegado Carlos Lomelí, Laboratorios Solfrán, que fue vetada por la SFP hace dos años de las compras públicas, pero que no impidió que siguiera vendiendo al Gobierno, a través de una red de intermediarias.
La liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán el 17 de octubre de 2019. La inacción sobre el conjunto de los señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de Gobierno de AMLO y que identificó cerca de 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos.
La ausencia de responsables por las 17 personas que murieron cuando estaban internadas en el IMSS de Tula, Hidalgo, a causa de las inundaciones por el desborde de un río. El desplome de la línea 12 de Metro de la Ciudad de México donde murieron 26 personas y hubo 80 heridos.
A la fecha no hay ni responsables ni culpables. La presunta corrupción perpetrada por los empresarios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que fue cancelado. Hasta el momento no hay demandas por corrupción, o no las conocemos, pero ya nadie habla de ello.
El crédito de 150 millones de pesos que Bancomext otorgó a Argos. Las operaciones inexistentes o simuladas con seis empresas fantasma por más de 500 millones de pesos del Gobierno de Chiapas, encabezado por el actual senador del Partido Verde, Manuel Velasco, la llamada “Estafa Verde”. Los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados desde su origen al líder del PT, Alberto Ayala, que han recibido tres mil millones de pesos del presupuesto federal a pesar de que este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE por presunto desvío de recursos públicos.
Las irregularidades en los contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles donde el 70% de los 966 contratos revisados por LatinUs fueron asignados por adjudicación directa. La revisión encontró empresas fantasmas, direcciones falsas y compañías dedicadas a otros rubros diferentes a la construcción.
Los depósitos en efectivo realizados por Alejandro Esquer, actual secretario particular de López Obrador, junto con otros funcionarios, por un monto de 44.4 millones de pesos, dinero que se supone era para ayudar a damnificados del sismo.
El homicidio de Jessica Silva la ciudadana de Chihuahua que participaba en la movilización Caravana por el Agua en la Presa La Boquilla. Los atropellos de la Guardia Nacional y agentes en la frontera Sur. Habría que agregar que en lo que va del sexenio han sido asesinados 47 periodistas y sólo en cinco casos se ha dictado sentencia.
También, los 2 mil 729 feminicidios y 8 mil 024 asesinatos de mujeres por homicidio doloso que, en su inmensa mayoría, no han sido aclarados. Si a esto se le llama ser diferente y haber acabado con la impunidad, hay que dormir tranquilos.
María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.
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