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Columnas

Reivindicaciones

La prensa independiente y crítica ha cumplido. Estados Unidos también. Le toca a la 4T investigar la responsabilidad de los gobernantes que apadrinaron criminales.

Por Sergio Aguayo Quezada

La Prohibición en Estados Unidos (1920-1933) plantó la semilla criminal en el Norte de México. El general Abelardo L. Rodríguez, un revolucionario sonorense, fue gobernador del territorio de Baja California. Cuando dos periódicos de Mexicali lo señalaron como protector de las bandas que contrabandeaban licores y narcóticos a Estados Unidos, reaccionó con tanta furia, que él golpeó a dos periodistas y los mandó al hospital, antes de encarcelarlos. Él siguió retozando en “El Centro Cabaret”. El presidente Plutarco Elías Calles fue informado con todo detalle, pero jamás ordenó investigación alguna sobre las tropelías del general. El coronel y senador Carlos I. Serrano fue la mano derecha de Miguel Alemán. En 1946, la Aduana de Estados Unidos encontró 63 latas de opio en un Cadillac, cuya propiedad primero reivindicó y luego negó. El editor de un semanario publicado en Los Ángeles, Rafael García Travesí, siempre denunciaba la corrupción alemanista y reprodujo la historia del Cadillac. Serrano orquestó una persecución y denunciándolo por un delito menor, logró que Washington lo deportara y entregara a la Dirección Federal de Seguridad. Después de simularle un fusilamiento, lo encarcelaron e incomunicaron por dos años en un penal de Hidalgo. El presidente Miguel Alemán, dio su visto bueno al acoso.

El Departamento de Estado recibió informes por escrito de las presuntas ilegalidades de Abelardo y Serrano. Jamás los investigaron porque, como escribiera Bruce Bagley en 1988, “los Estados Unidos subordinan con frecuencia la guerra contra las drogas a consideraciones de seguridad”. Después de revisar archivos estadounidenses, Luis Astorga concluyó: Washington nunca profundiza en la “convivencia de intereses políticos y criminales relacionados con las drogas”. Esa protección ha sido clave para el empoderamiento de los criminales.

Genaro García Luna encaja en el patrón descrito. Una diferencia con el pasado es el periodismo de investigación, que denunció la complicidad del todopoderoso policía con el cártel de Sinaloa y la indiferencia de Estados Unidos. Anabel Hernández y J. Jesús Esquivel, entre otros, han escrito libros y tenido espacio en Reforma, Proceso y otros medios. Dolia Estévez publicó en Forbes un texto en inglés, ligando a García Luna con el narco; fue la primera vez que aparecía en una publicación estadounidense. Hubo prensa “chayotera”, pero también intimidaciones contra periodistas y analistas que aún así se la jugaron. Reivindicarlos es de elemental justicia.

El crimen organizado creció durante un siglo. En ese tiempo, hemos tenido 21 presidentes. Los 20 anteriores fueron omisos al no investigar a quienes -desde el Gobierno- protegían delincuentes. Complicidad observable en las declaraciones ministeriales o en los testimonios de criminales de todos los niveles. En los archivos, prensa y libros estadounidenses, está la evidencia sobre una indiferencia cómplice.

Finalmente, Estados Unidos investigó a García Luna. Ignoramos, por ahora, si guardará silencio o cantará como en el karaoke. Independientemente de lo que suceda en las cortes estadounidenses, la 4T tiene la obligación, el deber, de investigar las redes de protección gubernamental a los criminales. Felipe Calderón Hinojosa y los otros ex presidentes vivos ¿fueron omisos o cómplices? O se les exonera, o se les responsabiliza y judicializa. Si la 4T se escabulle con chistoretes, estará cometiendo un error histórico.

Las complicidades entre criminales y poderosos entraron en la agenda, por el trabajo de un buen número de periodistas y académicos, mexicanos y extranjeros. La prensa independiente y crítica podrá portarse mal e incomodar a gobernantes y delincuentes; esa es su función. En las batallas futuras por la paz y el Estado de Derecho, la 4T debería ver a periodistas, académicos y activistas como los coadyuvantes informales que van señalando áreas dignas de ser investigadas. Considerando la fuerza del crimen organizado, son indispensables los entendimientos tácitos o explícitos entre el Estado y la sociedad organizada. Entre ellos destaca la prensa independiente que sí hizo la tarea.

@sergioaguayo

Colaboración: Mónica Gabriela Maldonado Díaz.

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