No te pierdas las últimas noticias

Suscríbete a las notificaciones y enterate de todo

Columnas María Amparo Casar

¿Quién manda?

La política se trata, al fin de cuentas, de “a quién le toca qué”.

Por María Amparo Casar

¿Quién manda? La política se trata, al fin de cuentas, de “a quién le toca qué”. A la CNTE le tocaron el pase automático para los egresados de las normales, la eliminación de la evaluación como criterio de ingreso, promoción y permanencia, la inclusión de la representación sindical en la asignación de plazas y la creación de los consejos que recibirán de manera directa los recursos para el mantenimiento y construcción de escuelas. De este tamaño es “el poder del poder fáctico” llamado CNTE que se apoderó de ese espacio público llamado educación pública y que aprovechará el SNTE. 

Como cualquier otra esfera de lo público, la educación está sujeta a la colonización por parte de intereses privados. La nueva administración no ha podido o no ha querido reducir la posición e influencia de ese poder fáctico; no ha querido o no ha podido poner en su lugar a un grupo de interés que claramente goza de privilegios y fueros de los que no gozan otros grupos en su misma categoría. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni los abogados, ni los ingenieros tienen pases automáticos a sus trabajos. 

En el terreno de la educación, México sigue copado por el poder de grupos que sin ninguna investidura, representación o delegación democrática imponen o modifican decisiones que afectan el interés público. La CNTE no responde a la voluntad de los ciudadanos ni de sus representantes, pero los condiciona. La CNTE no es parte formal del proceso legislativo, pero tiene instrumentos para imponer las decisiones reservadas a los poderes públicos. La CNTE puede poner vetos a la acción pública. La CNTE crece al amparo y con el beneplácito cuando no con el contubernio de las autoridades. La CNTE tiene una “renta” extraordinaria de la que están excluidos otros actores y por lo tanto pertenece a una casta privilegiada.

No sólo eso, gracias al poder de jure -el que otorga la Constitución a las instituciones políticas- el Presidente y su partido han decidido transformar esos privilegios en ley. Eso es lo que han permitido o incluso impulsado el Presidente y su partido con las nuevas leyes educativas. Ya lo dijo AMLO la semana pasada: “No es que me hayan presionado los de la CNTE, no me dejo intimidar. Ni siquiera ellos me lo plantearon, sino que yo lo plantee, el que salga de escuela normal va a salir con su plaza.”

Entre los grandes mensajes que ha querido dar la nueva administración es que se diferencia radicalmente de las anteriores. Que no hay quien pueda afirmar que se gobierne como antes, que los vicios del pasado se acabaron, que hoy las iniciativas no salen de la oficina de la presidencia sino del Congreso, que hoy manda el pueblo porque por fin la representación es legítima o porque así lo deciden las consultas populares, aunque en éstas el electorado sea un pequeño segmento de votantes que la propia autoridad define como “pueblo”. 

Una de las supuestas diferenciaciones que de manera machacona se ha difundido es el fin “del poder de los poderes fácticos”. Esto se traduce según la narrativa presidencial en la autonomía de las decisiones de los que fueron elegidos para gobernar sin dejarse presionar por intereses particulares que traen grandes beneficios para ellos a costa del bienestar de interés general. 

Siempre se ha identificado a los grandes empresarios como el prototipo del poder fáctico. Error craso. Los poderes fácticos no comienzan ni terminan con “los ricos” que a través del poder económico son capaces de imponer su voluntad. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, sean éstos el cabildeo, la intimidación, las amenazas y la corrupción, o el simple uso de la fuerza. Pertenecen a los poderes fácticos todos aquellos que tienen “derechos especiales” otorgados por la autoridad y/o que derivan de su posición económica, social o política. No importa si son empresarios, sindicatos, cooperativas, paramilitares, confederaciones o cárteles.

Los procesos de transformación aspiran a reducir la influencia de los poderes fácticos y devolverles a los ciudadanos o al Gobierno que los representa la capacidad de actuar. Eso es lo que ha predicado desde el púlpito de las conferencias matutinas el presidente López Obrador. La realidad lo contradice. Si la educación se le entrega a un grupo privado, la educación se privatiza. 

Comentarios