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Columnas Juegos de Poder

¿Qué va a decir Rosario?

Para Robles, los contratos de asignación directa firmados con las universidades públicas a fin de realizar diversos servicios eran legales, lo cual es estrictamente cierto.

Por Leo Zuckermann

La última vez que vi en persona a Rosario Robles fue durante un debate que tuvimos los dos en el noticiero “José Cárdenas Informa” de Radio Fórmula. Fue un encuentro duro, pero cordial, en torno al escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

Rosario, en todo momento, argumentó que era inocente de un caso que, hasta entonces, solo se había ventilado en los medios de comunicación.

Para Robles, los contratos de asignación directa firmados con las universidades públicas a fin de realizar diversos servicios eran legales, lo cual es estrictamente cierto. Las dos secretarías de las que había sido titular (Sedesol y Sedatu) habían recibido, a cambio, los servicios contratados. Según ella, ya no le incumbía lo que habían hecho con el dinero público las universidades contratadas y si éstas habían subcontratado, a su vez, a empresas fantasmas.

No quiso especular si parte de esos recursos había terminado, como se sospechaba, en campañas electorales. Rosario, sobre todo, insistía que ella no se había beneficiado con un solo peso de estos esquemas. Vivía en la misma casa y tenía prácticamente el mismo patrimonio que cuando comenzó el sexenio de Peña.

En suma, era inocente.

Al terminar el debate, nos despedimos civilizadamente como corresponde a dos analistas que, durante años, fuimos compañeros en el espacio informativo de Pepe Cárdenas. Unos meses después, Rosario, muy valiente y a diferencia de Emilio Lozoya que se fugó, se presentó frente al juez que ya estaba procesando el caso de la Estafa Maestra por un delito menor que no merecía cárcel preventiva.

No contaba que el juez era sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien vergonzosamente, con una chicana, le dictó prisión preventiva. Aquí hay que recordar que Robles también había sido protagonista de otro escándalo para financiar campañas electorales en 2004. Ella era presidenta del PRD. Su pareja sentimental, el constructor Carlos Ahumada, había repartido, en 2003, dinero en efectivo a operadores perredistas para presuntamente fondear campañas. Esto lo supimos porque Ahumada filmó las entregas y luego vendió esos videos donde, entre otras personalidades, recibieron dinero René Bejarano, entonces operador de López Obrador, jefe de Gobierno del DF, y Carlos Ímaz, delgado de Tlalpan, en ese momento esposo de Claudia Sheinbaum.

Bejarano terminó en la cárcel. Aunque luego salió absuelto, se pasó unos buenos meses en la sombra. Llegaría el momento de la venganza. Unos años después, su sobrino político, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, se encargaría de encarcelar a Robles por un delito menor que no merecía prisión preventiva.

Ahí se pasó Rosario varios meses. Se quedó sola. Nadie de sus antiguos colegas del Gobierno de Peña la defendió. La puntilla llegó cuando su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, decidió allanarse al criterio de oportunidad. A cambio de una menor pena o la absolución, testificaría y presentaría pruebas contra Robles.

Con base en el testimonio de Zebadúa, la Fiscalía acusó a Rosario de dos delitos graves: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada. De perder el juicio, podría haberse quedado toda su vida en la cárcel. Robles, luego entonces, cambió su postura: Ya solicitó el criterio de oportunidad a la Fiscalía para declarar todo lo que sabe de la Estafa Maestra.

Con esa decisión, resulta evidente que no era tan inocente como decía, que presuntamente el dinero sí se desvió, por órdenes de Luis Videgaray, a campañas electorales. El ex secretario de Hacienda lo niega.

Según la ley, para volverse testigo colaborador, Robles tendría que entregar información que involucre a alguien jerárquicamente superior. Videgaray no lo era. Su único jefe fue el presidente Peña. ¿Se atreverá a inculparlo? ¿Tendrá pruebas más allá de su testimonio?

No lo sé. Lo que sí sé es que la Fiscalía General deberá investigar y comprobar qué pasó con miles de millones de pesos que se desviaron vía universidades públicas y empresas fantasmas. Una de dos. O se lo robaron los funcionarios que operaron este esquema o los recursos se canalizaron para financiar campañas electorales. Puede ser, por cierto, que hayan sido las dos cosas.

Quizá Robles no se quedó con un quinto. A lo mejor lo hizo por motivos políticos para quedar bien con sus compañeros de partido. Por lo pronto, como he dicho en casos de presunta corrupción (García Luna, Cienfuegos, etcétera), Rosario Robles es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. O ella se declare culpable y presente pruebas que incriminen a otros.

Twitter: @leozuckermann
 

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