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Columnas

Por un enfoque más integral en la seguridad pública

Al escuchar los diagnósticos sobre la inseguridad en Sonora, da la impresión de que se sobre simplifica el problema y más aún la solución.

Por Nicolás Pineda

Al escuchar los diagnósticos sobre la inseguridad en Sonora, da la impresión de que se sobre simplifica el problema y más aún la solución.

Pareciera que todo el problema se reduce a los criminales “profesionales” que asolan nuestras ciudades y pueblos y no se habla de las policías que los toleran y les sirven de “halcones”, ni de las autoridades cómplices, de los empresarios que les lavan el dinero, de los jueces y ministerios públicos que los protegen y liberan.

Según esto, la solución reside sólo en la Guardia Nacional y en más elementos de la GN, sin especificar qué va a hacer la GN para reducir la violencia más allá de patrullar las calles con convoyes de elementos armados y llegar tarde a los sucesos violentos. Se arguye también que se tiene identificados a los criminales, pero no se les puede detener por no contar con pruebas suficientes.

Después de tantos hechos violentos, aparentemente no han reunido pruebas contra nadie ya que no se sabe que hayan ido por nadie. Parece que el único caso que camina es el de los LeBaron, porque ese suceso tuvo atención internacional. Ahí se habla de doce detenidos, pero ¿cuántos detenidos hay por los sucesos de Magdalena, Caborca, Obregón, Empalme y Guaymas en donde los afectados son ciudadanos mexicanos?

En el fondo, lo que hay es un gran problema de desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Según encuestas, el 85% de la población no confía en el Gobierno. De manera recíproca, las autoridades rehúyen recurrir a la población y a la participación ciudadana para responder a los problemas de inseguridad.

El analista y crítico más conocido del problema del crimen organizado en México es Edgardo Buscaglia. Él repite una y otra vez por diferentes medios que el problema de la inseguridad no se reduce a un grupo de jóvenes maleantes armados, sino que es mucho más amplio e incluye a las policías y autoridades locales, a los ministerios públicos y jueces que les dan impunidad, a los empresarios y banqueros que les lavan en dinero.

Según Buscaglia, el componente de la inseguridad al que nuestros políticos no le quieren entrar es el transparentar el tamaño y el origen de su riqueza. Muchos de ellos se han enriquecido escandalosamente, viven como magnates, pero le tienen pavor a permitir controles y transparencia de sus ingresos, capitales y propiedades. Incluso Buscaglia acaba de declarar que si la justicia funcionara en México, la mitad de la clase política sería procesada. ¿No será el momento de exigirle a nuestros políticos que nos enseñen y trasparenten sus casas, nos declaren sus propiedades y el volumen de su riqueza, pero en serio? Ellos argumentarían que se están metiendo en su vida privada, pero el problema es que quieren ser servidores públicos. Ahí está el problema. Necesitamos uno o varios Santiagos Nieto en Sonora.

También es hora de comenzar a vigilar en serio el dinero que entra en las campañas y la calidad de personas que se cuelan de candidatos. Hasta ahora ha habido manga ancha en el control de los gastos (no se fiscaliza, los partidos sólo declaran lo que quieren). Hasta ahora también los aspirantes a puestos de elección son palomeados y escogidos desde arriba, cuando debieran ser seleccionados desde abajo. ¿No será hora de modificar los métodos de selección de candidatos de manera que no se cuelen los cómplices del crimen?

Otro elemento que le falta a la política es la participación ciudadana y la intervención activa de las asociaciones civiles y líderes sociales locales para vigilar al crimen y a sus cómplices en el Gobierno. Pareciera que toda la política de seguridad se está delegando a la GN y se hace a un lado a los estados, municipios y a la ciudadanía. 

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