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Columnas

Motivos de alarma

Las consecuencias de estos cambios legales o reglamentarios están dando al traste con la protección mínima de algunos derechos fundamentales frente a actos de autoridad que los lesionan.

Por María Amparo Casar

Debiera preocuparnos lo que está sucediendo a través de reformas constitucionales, cambios legales o la simple emisión de reglamentos, circulares o decretos.

Quizá no estemos reparando en ellos porque el torrente de acontecimientos y la frenética actividad presidencial no admite un análisis y debate a fondo de cada asunto, porque la vorágine permite el paso de “bolas rápidas” y porque la oposición no es oposición. Si se mira cada una de estas reformas de forma aislada, quizá no se aprecien sus consecuencias, pero vistas en conjunto hay motivo de alarma.

Las consecuencias de estos cambios legales o reglamentarios están dando al traste con la protección mínima de algunos derechos fundamentales frente a actos de autoridad que los lesionan. Dejan a los individuos en estado de indefensión.

Este es un ejercicio de simple enumeración de algunos de ellos.

1. La Ley de Extinción de Dominio. Se refiere a la pérdida de los derechos de una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que se juzguen producto de ilícitos. Suena bien, pero lo que hace la Ley es dar carta blanca para que el Estado, sin que exista sentencia en firme que pruebe que dichos bienes son de origen ilícito, disponga de ellos. Si no entiendo mal, esto violenta la presunción de inocencia y el respeto a la propiedad privada.

2. Ampliación de delitos graves, o sea, aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa. Se incluyen entre otros el uso electoral de programas sociales, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones, pero también hay otros que, bajo el sistema de justicia actual, acabarán encarcelando a los más pobres.

3. Reformas al Código Fiscal de la Federación y Ley de Delincuencia Organizada para equiparar el fraude fiscal al crimen organizado. Es indispensable perseguir y castigar a las “factureras” que amparan operaciones simuladas. Pero las modificaciones propuestas también están dirigidas a clasificar como integrantes de la delincuencia organizada a empresas y personas que cometan fraude fiscal con la consecuente prisión preventiva, congelamiento de cuentas y extinción de dominio.

Incluso, queda abierta la puerta para criminalizar a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.

Estas tres primeras leyes punitivas violan los derechos fundamentales por donde se les mire: Te presumo culpable, te acuso, te mando a prisión, te congelo tus cuentas y remato tus bienes.

4. La Ley de Austeridad Republicana. Los altos funcionarios públicos, una vez separados de sus cargos, estarán impedidos durante 10 años para ocupar posiciones en empresas a las que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada. Con ello se viola la libertad de trabajo.

5. Otra vez la Ley de Austeridad Republicana. Los ahorros generados por las medidas de austeridad podrán aplicarse “al destino que por decreto determine el titular”. ¿Y los diputados que representan a los ciudadanos y tienen la facultad de decidir el destino del gasto, están pintados?

6. La Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos. Impone una “carga desproporcionada a los servidores públicos quienes, incluso sin ser conocedores de cualquier pago excedente que pudiera llegarse a presentar, son susceptibles de ser responsables penalmente por el delito de remuneración ilícita”.

7. Petición del Gobierno federal para que las líneas de autotransporte exijan documentos de identificación para poder adquirir sus boletos de viaje.

8. Ley de la Guardia Nacional. Faculta al Presidente, para decidir en cualquier momento y de manera arbitraria cuándo existe una situación que “compromete la seguridad nacional” y establece que la información que se desprenda de estas decisiones sea clasificada como confidencial.

Lo que está ocurriendo es alarmante pero más alarmante es la pasividad frente a esta película que pasa frente a los ojos de todos y que salvo algunas instituciones, particularmente la CNDH, no denuncian. ¿Qué pasa con actores claves que saben bien de las consecuencias de estas reformas u órdenes ejecutivas y no se pronuncian?

Y todo esto, solamente a nivel normativo, esto es, sin considerar la forma discrecional en que se sigue ejerciendo el poder en los casos de procuración y administración de justicia.  

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