¿Maxiproceso?

La detención en España, con fines de extradición, de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, es un suceso que podría derivar en cosas mayores si ocurre lo que el fiscal general de la República dijo esta semana, al confirmar la captura del ex funcionario mexicano en Málaga.

Alejandro Gertz Manero se pronunció en contra de concebir las investigaciones judiciales abiertas, relacionadas con personajes de la alta política mexicana -Lozoya, Robles, Collado, Ancira, García Luna y los que vengan- como la suma de casos aislados o como historias que pudieran entenderse de forma inconexa y que no tienen que ver uno con el otro.

Al responder a la pregunta sobre si en México hay o no condiciones para un maxiproceso, el fiscal general de la República dijo: “Lo que hay son condiciones para demostrar que son conductas del poder, que es un sistema permanente de colusión y de encubrimiento, que ha dado lugar a esta corrupción que, verdaderamente, es ya intolerable... si estuviéramos en las administraciones anteriores se hablaría de casos aislados... afirmar que esto se da en un contexto que no tenga un hilo conductor es una forma de engañar y es una forma de encubrir la verdad”. La declaración de Gertz reviste la más alta importancia, porque de la forma en que se procesen judicialmente estos y los demás casos que vengan relacionados con el uso y abuso del poder en México, es que se definirán, en buena medida, los alcances de la transformación profunda que se promete y espera en la política y el sistema de justicia de un país como México. 

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Hemos llegado al punto en que todo conecta, es decir, tenemos un entramado de sucesos y situaciones algunos de ellos están ya bajo investigación judicial como el caso Lozoya, o el caso Rosario Robles, o en Estados Unidos el caso García Luna, pero al final de cuentas estamos con un panorama en donde la pregunta es si estamos o no enfilándonos a lo que podría llegar a ser un maxiproceso, donde un caso conecta con otro y los personajes principales de estas historias acaban siendo los mismos, los que en un punto de la historia de México han protagonizado historias de corrupción o de probable corrupción en nuestro País. Agro Nitrogenados, Fertinal, Etileno XXI, Viaducto Bicentenario; Estafa Maestra, “Casa Blanca”, financiamiento ilegal a campañas políticas; protección al narcotráfico, enriquecimiento ilícito etc., etcétera... son los casos conocidos que involucran a los mismos personajes y los mismos circuitos del poder que gobernaron a México en los últimos dos sexenios.

La definición y voluntad de desarrollar una dinámica de procesamiento judicial para casos de corrupción política en una lógica integral, como delineó Gertz Manero esta semana es, de suyo, de suma importancia. La pregunta es si tenemos la capacidad e institucionalidad necesarias para que los casos relacionados con delitos del poder y vasos comunicantes sean procesados en un maxiproceso. El caso prototípico italiano, ocurrido a mediados de los ochenta, derivó en un procesamiento masivo por delitos múltiples de una estructura criminal engarzada con prácticamente todas las estructuras de poder existentes. La clave radicó en que miembros de lo que fueron los circuitos de poder y mafia se vieran empujados a colaborar con la justicia que desarrolló procesos e investigaciones en red y desde una perspectiva sistémica. Lo mismo que se ha visto con el caso Lava Jato que ha contado con la colaboración directísima de los empresarios corruptores de buena parte de la clase política latinoamericana incluyendo la mexicana que, apenas, empieza a ser procesada.
Como ha sucedido en otros lugares del mundo, investigaciones de este tipo que involucran empresarios, jueces, políticos y demás actores no se centra, únicamente, en el enriquecimiento ilícito de las personas, sino que es parte del supuesto esencial de que ese dinero se utilizó para financiar campañas políticas e impulsar la llegada o el mantenimiento en el poder de aquellos que terminan cooptados y envueltos en actos de corrupción. El especialista Edgardo Buscaglia, quien sostiene esta tesis, afirma que la detención de Emilio Lozoya es una “excelente oportunidad” para abrir un maxiproceso en México. Sin negar importancia a la detención de Lozoya en España, también reclama que a pesar de que en la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, además del caso Lozoya, hay cerca de 100 denuncias que involucran a partidos políticos, sólo se han impulsado investigaciones en cuatro o cinco casos, con ello la idea de que puede venir para México un maxiproceso. Ambas posturas son muy distantes, veremos de qué lado cae la moneda que hoy está girando en el aire.