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Los yaquis, otro punto de vista

Los yaquis consideran que ellos tienen derecho a decidir y a gobernar en su territorio de acuerdo a sus criterios y tradiciones. Su territorio es sagrado y la base de su identidad.

Existe una visión de la tribu yaqui como una bola de ociosos que encontraron la manera de chantajear al Gobierno con paros carreteros. Periódicamente ellos bloquean la carretera para que las autoridades acudan a darles ayudas y subsidios y vivir sin trabajar. No soy experto en yaquis ni su vocero, pero me parece de justicia exponer otro punto de vista sobre su situación.

Hay que partir de la premisa de que ellos no sólo son una etnia en el sentido racial, sino que además son una Nación en cuanto que tienen su propia lengua, territorio y autoridades tradicionales. En este sentido su anhelo y aspiración, no expresada abiertamente, pero manifiesta en los hechos, es ser independientes. Llevado a sus últimas consecuencias, esto significaría ser un país con Gobierno propio. Esta es una situación conflictiva que se repite en muchos países con otros grupos minoritarios y ha recibido múltiples tratamientos.

CAV DESCANSO:

El fracaso de la transculturación

Una respuesta fallida al problema es forzarlos a que renuncien a su identidad cultural-nacional y se vuelvan, sin más ni más, ciudadanos mexicanos. Desde los tiempos de Juárez, se trató de hacerlos “ciudadanos” de una sociedad hispanoparlante, con instituciones y tradiciones que les eran ajenas, como el individualismo y la propiedad privada. Fernando Escalante analizó este intento de incorporación en su libro “Ciudadanos imaginarios”.

Después Porfirio Díaz trató de eliminar a los yaquis con la guerra, el destierro y el genocidio. Expulsó a los yaquis rebeldes de su territorio y los envió a Yucatán.

Aún así, los yaquis sobrevivientes apoyaron la revolución y se enrolaron en el Ejército Constitucionalista motivados por la promesa de que les iban a restituir su territorio. Esta promesa no la cumplió ninguno de los presidentes sonorenses.

Más aún, no se les reconoció legalmente el derecho al autogobierno. En 1933 el rediseño de la división municipal del Estado de Sonora hecho por los callistas no sólo no les otorgó a los yaquis la autonomía y categoría municipal, sino que su territorio quedó repartido entre los municipios de Guaymas, Cajeme y Bácum en los que ni siquiera tenían representación. Actualmente ese territorio tiene población sobrada para ser Municipio y, sin embargo, no se plantea su municipalización.

La promesa de los jefes revolucionarios se cumplió parcialmente hasta 1937 cuando el Gobierno de Cárdenas les reconoció el territorio que tienen actualmente. Ahí, ellos nombran sus autoridades, siguen sus tradiciones y tratan de ejercer dominio de su territorio.

CAB DESCANSO:

Territorio sin autonomía

Los yaquis consideran que ellos tienen derecho a decidir y a gobernar en su territorio de acuerdo a sus criterios y tradiciones. Su territorio es sagrado y la base de su identidad. Sin embargo, el Estado mexicano construye obras sin pedirles autorización y como si ellos no existieran. No sólo en el porfiriato se trazó el ferrocarril partiendo su territorio, sino que habiendo ya recuperado su territorio se construyó la carretera internacional primero de dos carriles y luego de cuatro. Por ahí pasan también líneas telefónicas y hace pocos años se trazó el gasoducto, con los consabidos conflictos.

Todas estas obras los yaquis las ven como ajenas, intrusas en su territorio y que no les benefician nada a ellos. En su visión, cualquier obra debería de pasar por la autorización de sus autoridades y debería de beneficiarlos principalmente a ellos. De otra manera, para no tener conflicto con ellos, las obras deberían de rodear y sacarle la vuelta a ese territorio.

CAB DESCNSO:

Las vías de posible solución futura

La vía posible de solución es que se hagan las reformas constitucionales y legales, a nivel estatal, a fin de reconocerles formalmente la autonomía de su territorio. Esto sería lo congruente de acuerdo con la reforma constitucional de 2011 que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para… decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural… y preservar la integridad de sus tierras” (entre otros derechos).

A la fecha, en la práctica, este texto constitucional es letra muerta.

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