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Columnas

Las vueltas que da la vida

La idea de utilizar las instituciones democráticas para llegar al poder y desde ahí desmantelarlas es un patrón preocupante.

Por María Amparo Casar

“La gobernabilidad democrática requiere respetar la división de poderes… es necesario defender una prensa libre y una sociedad dinámica, así como apoyo al sector privado, que, depende del Estado de Derecho para fomentar un exitoso futuro…”, apuntó Blinken, el secretario de Estado estadounidense. “El relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, condenó los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados… La OEA se sumó al rechazó y pidió respetar el Estado de Derecho. Por su parte, Human Rights Watch acusó al Presidente… de intentar concentrar todo el poder en sus manos”.

 

Estas frases las leí en la sección internacional del periódico Reforma.  No, no hablaban de México sino del presidente Bukele en Ecuador.

 

El parecido con lo que pasa en nuestro País es notable. En diversos informes internacionales pueden leerse las mismas alertas sobre México. La idea de utilizar las instituciones democráticas para llegar al poder y desde ahí desmantelarlas es un patrón preocupante.

 

La izquierda, los liberales y los entonces partidos de oposición pelearon durante más de dos décadas para tener congresos plurales. Lo lograron entre otras cosas a través de la creación de autoridades electorales que no dependieran del Poder Ejecutivo. Lucharon por introducir la figura del ombudsman para que el ciudadano pudiera denunciar los abusos de autoridad en una institución ajena al control del Ejecutivo y que tuviera el poder de judicializar la afectación de los derechos fundamentales. Consiguieron que el acceso a la información del quehacer público fuera un derecho y que un órgano autónomo lo tutelara: El Instituto de Acceso a la Información.

 

Para aislar de los vaivenes políticos a ciertas funciones indispensables para el funcionamiento de la economía, trabajaron por dar independencia y dejar en manos de expertos a instituciones especializadas que requerían de políticas de Estado más que de Gobierno.

 

Se comenzó con la autonomía constitucional del Banco de México y después de la Comisión Nacional de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se hizo lo mismo con organismos que coadyuvaran a la toma de decisiones en las empresas productivas del Estado. Se instituyeron la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con integrantes independientes.

 

Para combatir la corrupción se creo el Sistema Nacional Anticorrupción y se impuso la colaboración entre autoridades y ciudadanos. Tiempo antes (1999) se creó la Auditoría Superior de la Federación con la función fiscalizar y auditar el uso de los fondos públicos de los tres poderes, los órganos constitucionales, los estados, municipios y alcaldías, las empresas productivas del Estado y otros entes públicos.

 

Todos estos órganos de la llamada era “neoliberal” fueron creados gracias a la pluralidad que se instaló en el Congreso y a través de reformas constitucionales, no por decreto ni por reformas administrativas. Se hicieron precisamente cuando el partido dominante iba de bajada y especialmente cuando las mayorías aplastantes del PRI desaparecieron. Con toda seguridad los presidentes en turno de las dos décadas en que se crearon estas instituciones no querían ver limitado su poder. De haber podido escoger se hubiesen quedado con todas las funciones que habían amasado y que les otorgaban un control absoluto sobre la política monetaria, la de telecomunicaciones, la de competencia y la energética; sobre el ejercicio del gasto y sobre los abusos de sus actos de autoridad; sobre las elecciones y la secrecía de la información pública.

 

En una visión realista, los llamados gobiernos neoliberales no actuaron necesariamente por voluntad democrática sino porque se vieron obligados a ceder a la presión de la ciudadanía y a la pluralidad política. “Haiga sido como haiga sido”, todos estos contrapesos o límites impuestos al poder presidencial fueron creados durante esos gobiernos y con la acción decisiva de la hoy tan denostada sociedad civil, prensa vendida y poco valorada comunidad académica.

 

Hoy, los que con más enjundia lucharon por esos contrapesos están decididos a desaparecerlos o a someterlos. Hoy son Gobierno y les resultan molestos. Como en la llamada época neoliberal, no los mueve la voluntad democrática sino el deseo irrefrenable de concentrar el mayor número de facultades posibles. El deseo de un poder sin contrapesos. Vueltas que da la vida. Hoy, como ayer, la única manera de evitar la regresión, será la pluralidad en el Congreso que se juega el próximo 6 de junio.

 

CV: María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.

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