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Columnas Eduardo Ruiz-Healy

La SCJN demostró ayer su autonomía, ¿serán castigados Bonilla y quienes fraguaron “un fraude contra la Constitución”?

Por delitos menos graves mucha gente va a la cárcel.

Por Eduardo Ruiz-Healy

Los once ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer demostraron que el Poder Judicial de la Federación es independiente y autónomo al declarar inválida, por ser anticonstitucional, la llamada “Ley Bonilla” que los corruptos integrantes de la anterior legislatura de Baja California (BC) aprobaron para ampliar de dos a cinco años el periodo de Gobierno del gobernador mexicano-estadounidense de esa entidad, el morenista Jaime Bonilla Valdés.

Bonilla ganó con el 50.4% de los votos la elección de Gobernador efectuada el domingo 2 de junio de 2019, proceso en donde el verdadero triunfador fue el abstencionismo, en vista de que sólo votaron tres de cada 10 votantes inscritos en el padrón electoral.

Y ganó una gubernatura que sólo duraría menos de dos años, en vista de que por medio de una reforma a la Constitución del Estado se estipuló que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

Sin embargo, el 9 de julio pasado, el Congreso de BC, de mayoría panista, aprobó con 21 votos a favor, uno nulo y tres en contra, otra reforma a la Constitución estatal para ampliar de dos a cinco años el mandato de Bonilla.

La decisión de los diputados generó una protesta generalizada, no sólo en BC, sino en todo el País. También dio origen a la expulsión de sus respectivos partidos de los diputados del PAN, PRD, PRI y MC que votaron a favor de esa reforma.
Pese a las protestas, los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate avalaron la reforma constitucional.

Luego, el Congreso local convocó a una consulta ciudadana para someter a consideración de los bajacalifornianos la ampliación del mandato. Ésta se realizó el 13 de octubre del año pasado y, a pesar de que la mayoría de los votos emitidos fueron a favor de la ampliación, careció de validez porque la Ley de Participación Ciudadana de BC señala que una consulta sólo es vinculante cuando participa al menos el 20% de los electores inscrito en la lista nominal.

Contra las reformas a la constitución local que diseñó e instrumentó Bonilla se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad por parte del PAN, PRD, PRI, MC, PBC, CNDH e INE.

Ayer, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente de la SCJN), Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González-Salas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat invalidaron la llamada “Ley Bonilla” y no hubo una sola voz que se escuchara en contra de su decisión, ni la de Bonilla.

Durante la sesión de la SCJN, Zaldívar señaló que la anterior legislatura bajacaliforniana “fraguó en realidad un fraude a la Constitución”.

Con base en lo que dijo el presidente de la SCJN, cabe preguntarse si Bonilla, los diputados que aprobaron la reforma constitucional para ampliar su mandato y los integrantes de los cabildos que avalaron dicha reforma, cometieron un delito que pueda castigarse conforme a lo que señala la Ley General en Materia de Delitos Electorales u otras leyes.

Por delitos menos graves mucha gente va a la cárcel.

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