Justicia por propia mano

Ocurrió apenas hace diez días y los sucesos de La Huacana, Michoacán, ya no están en las noticias. Integrantes del Ejército fueron desarmados, agredidos y retenidos por “pobladores” de esa comunidad apenas el domingo 26 de mayo.

Previamente durante un operativo contra el crimen organizado, los soldados se habían topado con sujetos fuertemente armados y en el intercambio de disparos un civil y un niño, resultaron lesionados.

Los hechos fueron precedidos por un enfrentamiento en Cuimbo en el que murieron dos personas y fueron decomisadas varias armas y otro en San Pedro Jorullo.

En el caso de La Huacana, los militares efectuaban un recorrido y fueron objeto de disparos de fuego por parte civiles a quienes decomisaron varias armas largas, cargadores y cartuchos. Posteriormente los pobladores realizaron bloqueos, retuvieron a los once militares, los desarmaron y les exigieron que les regresaran las armas.

Según la Sedena se optó por no enviar refuerzos y porque los militares entregaran las armas con el fin de evitar una desgracia si hubieran hecho uso de la fuerza.

No soy experta como para juzgar la decisión tomada por los superiores de estos soldados y reconozco el valor y entrega de la tropa que enfrenta hace más de doce años al crimen organizado y se encarga de la seguridad en muchos territorios.

El problema no es la decisión sino todo lo que ha sucedido para que veamos a la institución más respetada y apreciada por los mexicanos en esta situación, por decirlo suavemente, de precariedad.

El asunto es que seguimos con una estrategia “en construcción”, acompañada por un discurso pernicioso y por la omisión en las tareas a las que está obligado el Estado.

La justicia por propia mano ha aumentado según un informe de la CNDH. En 2018 la cifra creció en 190% respecto al año anterior. Pero mientras que en el 2015 el número de linchamientos ascendió a 43, tan sólo en los primeros cinco meses del 2019 se registran 67.

El problema de comunidades armadas, guardias comunitarias y autodefensas no fue creado por López Obrador y fue tolerado por administraciones anteriores, pero su discurso y algunas de las acciones tomadas en esta administración las siguen alentando.

Ya desde que fue Jefe de Gobierno “ante el linchamiento de un presunto ladrón de imágenes religiosas señaló: ‘… Con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse… Es parte de la cultura y creencias de los pueblos originarios”. Y ante el linchamiento de tres policías en Tláhuac la justificación de su Secretario de Gobierno fue que se tenía que tener en cuenta que el pueblo tenía “usos y costumbres peculiares” (Excélsior, 4 de abril de 2018).

Ahora muestra la misma actitud. No intervino frente a los bloqueos que llevó a cabo la CNTE de las vías férreas aduciendo que “nada por la fuerza, todo por la razón”. El titular de la CNDH tuvo que recordarle que las autoridades “están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”.

De nuevo, ante el Memorándum en el que instruye a sus secretarios a dejar sin efecto la reforma educativa y después de afirmar que “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”, el ombudsman volvió a recordarle que: "Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.

El llamado a hacer justicia por propia mano es contagioso. La primera declaración del presidente municipal de La Huacana fue: “No es motivo para sobajar al Ejército, pero también ahí entendemos a los pobladores, entendemos el coraje y por lo que pasaron ellos”.

La justicia por propia mano puede ser producto de la desesperación de la violencia que padecen los mexicanos, de los valores, creencias y comportamientos del ciudadano y la autoridad frente a la ley, de la ineficacia de las instituciones y de los altísimos niveles de impunidad. Pero la solución no puede ser la de hacer a un lado el Estado de Derecho ni ser omiso frente a las responsabilidades que vienen con el cargo. Si he de quedarme con alguna frase opto por la de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.