Ferrando y Jiménez Espriú deben ser investigados

Gerardo Ferrando Bravo fue priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 el entonces jefe del Departamento del DF, Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en Venustiano Carranza y dos años después lo nombró director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). El sucesor de Aguirre, Manuel Camacho, lo ratificó en el cargo en 1988, en donde permaneció hasta 1992.

De 1992 a 2007 ocupó diversos cargos dentro de la UNAM y fue director de la Facultad de Ingeniería de 1999 a 2007. Después de trabajar en la UNAM, dirigió de 2009 a 2018 su empresa de consultoría en ingeniería en transporte ferroviario de pasajeros.

En diciembre de 2018, después de 26 años de estar alejado del servicio público, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. (GACM), la empresa paraestatal a cargo del Sistema Aeroportuario Metropolitano responsable de, entre otras cosas, finiquitar a los contratistas y proveedores que participaron en la construcción de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), obra que AMLO canceló apenas llegó a Palacio Nacional.

El 3 de noviembre de 2019, a menos de un mes de cumplir un año en el cargo, Ferrando renunció después de que fuera impugnado el proceso por el cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para desmantelar 49 mil toneladas de acero y aluminio en el NAIM.

Otras empresas que participaron en la licitación presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por posible corrupción durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó en la documentación solicitada la carta de ausencia de conflicto de interés.

El asunto se complicó después de que se hizo público que la SFP reservó por un año toda la información relativa a la investigación sobre la licitación.

Este caso se suma a las muchas irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cancelación del NAIM al realizar la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

Para no darle vueltas al asunto, en el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que difundió el viernes pasado, la ASF señala que el costo de la cancelación del NAIM, según sus cálculos, fue de casi 332 mil millones de pesos, muy por encima de los 100 mil millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, cuando el titular de la misma era otro distinguido ex priista, Javier Jiménez Espriú, quien recomendó a Ferrando para dirigir el GACM.

En su informe, la ASF detalla la forma en que el GACM realizó gastos injustificados como el de pagar 471.8 millones de pesos “sin que acreditara contar con la documentación de los entregables previstos en seis convenios para justificar el gasto”. Cuatro convenios, por 358.7 millones de pesos con la CFE y dos, por 113.1 millones, con la UNAM.

Andrés Manuel ha dicho que el Gobierno pagará 32 mil millones de pesos para comprar 140 millones de dosis de las vacunas anti-Covid. Sería bueno que nos explique por qué la cancelación del NAIM nos costó 10 veces más que esa cantidad y más de tres veces lo que se calculó originalmente. También debería decirnos que se investigará el papel que Ferrando y Jiménez Espriú jugaron en la cancelación.

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